Por Julián Arturo.
A continuación, se hará un breve relato de lo que han sido los primeros cien días de gobierno de la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Para ello, repasamos los acontecimientos e iniciativas más importantes de estos tres primeros meses de gestión del nuevo gobierno.
Rescate del Estado de Derecho.
En los primeros meses de la administración hubo intentos de recuperar el Estado de derecho por medio de la derogación de leyes que lo habían destruido, como la Ley de Secretos que mantenía censurada la declaración de gastos realizada por el Estado del presupuesto público y la expedición de la ley de amnistía para exonerar de cargas político legales a los perseguidos políticos durante los doce años que siguieron al golpe de Estado de 2009.
Así mismo, se comenzó a retirar a las Fuerzas Militares de aquellas funciones civiles que no le correspondían, como la custodia de las cárceles, las labores sociales en las zonas rurales, etc.
La pugna por lograr la transición de gobierno.
Pese a todo el panorama de esperanza, el mismo gobierno recalca que han recibido un Estado en quiebra, si bien tienen el poder legal, sin embargo, no controlan hasta ahora las estructuras de poder que se anquilosaron durante los pasados 12 años.
En principio, el país está en una época de transición de gobierno, empero, a pesar de los discursos de campaña y de los primeros meses de la administración, al final tenemos que las intenciones de parar los proyectos extractivistas cuyas licencias se hayan obtenido ilegalmente sólo se quedó en el discurso, toda vez que nunca hubo un decreto ejecutivo o legislativo que formalizara esta voluntad política por el cambio.
Por otra parte, también vemos que el presupuesto militar y otros gastos de seguridad no se redujeron en absoluto. Además, sigue vigente un presupuesto absurdo para proteger a los funcionarios públicos y exfuncionarios públicos dándoles guardias de seguridad, carros blindados y un estipendio para pagar gastos y salarios por temas de seguridad.
En el mismo sentido, se han reactivado los fondos sociales, que no es más que la potestad que tienen los congresistas de gestionar proyectos o, dinero para la ejecución de éstos, más bien. Lo preocupante es que este tipo de atribuciones inconstitucionales para los legisladores, incentivan el clientelismo y la corrupción que se quiere dejar atrás.
Como otro punto fuerte a favor de esta tesis, tenemos que este año el Estado aprobó menos del 1% (0,069) del presupuesto nacional para destinarlo a las instituciones que atienden víctimas de violaciones a derechos humanos (CONADEH, SEDH, CONAPREV, CCESCT). Al Mecanismo de Protección para defensores de DDHH y periodistas (MdP), ni siquiera se le asignó un aumento presupuestario, a pesar de que las personas beneficiarias de éste, reclaman el aumento del trabajo de este organismo estatal que siempre ha sufrido de una baja operatividad limitada por sus precarias condiciones presupuestarias.
Choques con sectores gremiales y empresariales.
Por otra parte, se observa que se están creando tensiones entre el establecimiento y los medios de comunicación, en torno a una declaración del subsecretario de prensa del gobierno, quién aseguró que desde el gobierno se iniciará una estrategia frontal contra las fake news. Ante esto, el Colegio de Periodistas de Honduras aseveró que eso podría ser un intento de censurar y controlar medios, lo que prende las alarmas por experiencias similares que ha sufrido la región.
En aras de reformar las instituciones viciadas por la corrupción, el gobierno también ha propuesto una reforma energética que considera la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano, esperando declarar una emergencia en el sector, lo que significaría que el gobierno renegociará los contratos de energía eléctrica con los generadores privados con el fin de reducir las tarifas del servicio de energía y, en caso de que no quieran negociar la reducción de tarifas por kilovatio, el Estado asumirá el control de las plantas, pagando previamente una indemnización por este hecho.
No obstante, el sector privado ha tomado el mensaje como algo negativo, es más, se dice que es una decisión apresurada para solucionar un tema que lleva más de 12 años. En este sentido, la embajadora de EEUU declaró por Twitter: “La reforma energética es crítica para el desarrollo económico. Estamos analizando la propuesta energética y como está escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversión extranjera y la independencia de la agencia reguladora”.
Lo anterior suscitó el rechazo del gobierno, por lo cual el canciller de Honduras expresó que tal declaración es inadecuada para la construcción de las relaciones entre EE. UU y Honduras.
La esperanza de constituir organismos internacionales de control como vía para combatir la corrupción.
A pesar de todo, los esfuerzos del gobierno por depurar las instituciones siguen en pie, en este sentido, desde la presidencia de la República se anunció que en mayo vendrá una comisión de la ONU para evaluar el modo en que entrará la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras CICIH, para apoyar al Estado en su misión de reformar las instituciones del gobierno a un punto de que éstas sean funcionales. Se rescata el hecho de que la iniciativa de pedir una comisión de apoyo viene directamente desde el gobierno y no de la ciudadanía como sucedió con la extinta la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Panorama socioeconómico de la sociedad hondureña.
Ante este estado de las cosas y, la falta de ingresos y fuentes de empleo, siguen generando el éxodo masivo de hondureños hacia los EEUU. Si bien, a partir de 2020 las caravanas han sido menores y muchas han sido devueltas desde Guatemala o México. Ahora, inclusive se ve gente de Venezuela pasando por esta ruta con destino a Estados Unidos.
Conclusión.
Todo lo anterior denota que las instituciones del gobierno de Honduras se encuentran en una etapa de transición, con algunas acciones contundentes hacia el cambio y otras que se han quedado en el mero discurso político. Por lo cual, es importante reconocer la fragilidad del gobierno progresista, el cual, sigue ostentando gran parte del sistema corrupto en sus entrañas, puesto que un cambio significativo requerirá una pugna con los poderes de facto que va más allá de la contienda electoral.