Por Julián Arturo
Los días 19,21,22 y 23 de marzo de 2022, Witness for Peace Solidarity Collective en colaboración con SOA Watch, CISPES, y otras organizaciones promovieron los encuentros entre los (as) congresistas Ilhan Omar, Cori Bush, Jamal Bowman y Jesús “Chuy” García con diferentes organizaciones sociales hondureñas, destacadas por su labor en defensa de los DD.HH. y por la defensa de la tierra y el territorio en aras de la justicia social.
A continuación, presentamos un breve resumen de los encuentros ocurridos durante esos días:
Reunión con Berta Oliva de COFADEH
El 19 de marzo, los (as) delegados (as) se reunieron con Berta Oliva, directora del Comité de Familiares Desaparecidos y Detenidos en Honduras (COFADEH).
Berta sostiene que COFADEH no sólo viene haciendo un gran trabajo por las personas desaparecidas y víctimas de violaciones de DDHH, sino que además, también quiere reconstruir la memoria histórica del país, en esta línea, desde la oficina de Política exterior de la congresista Omar se propone presionar al Departamento de Estado para desclasificar aquellos archivos que puedan ayudar a llenar aquellos vacíos históricos que existen, ante la imposibilidad de obtener información en Honduras sobre las personas desaparecidas por razones políticas.
Reunión con la dirección y las bases sociales del COPINH en La Esperanza, Intibucá
El 21 de marzo los (as) congresistas se reunieron con las lideresas Berta Zúñiga, Camilo Bermúdez y Laura Zúñiga y demás bases populares del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (COPINH). Durante la reunión, los (as) congresistas preguntaron sobre las necesidades reales del pueblo hondureño de obtener energía, ante lo cual, Bertha Zúñiga respondió:
“A pesar de que se necesita energía en el país, no obstante, no se puede obviar la consulta previa para preguntarles a estos pueblos si quieren que un determinado proyecto entre a su territorio. En este sentido, las comunidades buscan diferentes modelos no mercantiles para abastecer las necesidades energéticas de la gente”.
En esta línea, resaltó que muchos proyectos de esta envergadura se diseñan para defraudar al Estado, es decir, no se hace producir al 100% las infraestructuras creadas con el fin de que se abran más proyectos y el Estado incurra en más gastos.
Por último, declaró que
“Detrás del proyecto Agua Zarca, están importantes bancos de carácter nacional e internacional, como lo son FICOHSA y BCIE, los cuales, se los debe vincular al caso de Berta Cáceres como parte del proceso”.
Por su parte, Laura Zúñiga declaró que,
“con la condena de los militares y David Castillo, se rompió la cadena de impunidad habitual en los casos de asesinatos a líderes sociales. Por primera vez, se condenó a un alto directivo de una empresa (DEESA)”.
Para finalizar, Camilo Bermúdez compartió las intenciones estratégicas sobre el litigio por la causa de Berta Cáceres:
“Ahora se busca condenar a los autores intelectuales del crimen, además, también se busca responsabilizar a los bancos que influyeron en la financiación del proyecto en Río Blanco (FMO, holandés)”.
Complementariamente, Berta Zúñiga apuntó que:
“Es lamentable que los grandes bancos hayan terciarizado la ayuda al controvertido proyecto a otros bancos más pequeños, para librarse de responsabilidades”.
Por otra parte, los congresistas respondieron ante las dudas -por parte del COPINH- acerca de las implicaciones del Plan Biden para la ayuda en Centroamérica que, este plan contiene el mismo paquete de reformas que los dimanados de gobiernos anteriores.
Así las cosas, el objetivo de esta delegación de congresistas es pedir una audiencia con la vicepresidenta para hablar sobre los testimonios que han escuchado durante la gira e intentar re agendar un plan para Centroamérica.
Reunión con Miriam Miranda y bases de OFRANEH en San Juan, Tela
El 22 de marzo los (as) congresistas se reunieron con la lideresa Miriam Miranda y demás bases de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), para hablar sobre el financiamiento militar de los EEUU en la lucha contra las drogas y las implicaciones que dicho apoyo trae a las comunidades Garífunas e indígenas en el norte de Honduras.
En este sentido, Miriam Miranda adujo:
“El gobierno de EE.UU. financia a las fuerzas armadas para la lucha contra el narcotráfico, sepan ustedes que en Honduras hay pueblos que están a punto de desaparecer por la política de lucha contra las drogas que entra a sangre y fuego y patrocina el expolio del territorio de las comunidades negras de honduras”.
En tal sentido, se trajo a colación ejemplos del mal uso de la política antidrogas lo que sucede en La Mosquitia, siendo este territorio objeto de expolio mediante la intimidación. Ahí, el 11 de mayo de 2013 miembros de la Fuerza Pública y agentes de la DEA asesinaron a cuatro miembros de la comunidad Misquitos, excusándose en que la embarcación tenía drogas, pero en realidad, iban señoras embarazadas con sus bebes.
Ante los testimonios, la congresista Ilham Omar se comprometió en nombre de la delegación a denunciar lo que pasa en el territorio en plenaria del congreso, promoviendo leyes por la justicia social.
En la misma línea, se comprometió a citar a la gente responsable de estas atrocidades para que rindan cuentas, como a los agentes de gobierno responsables de las políticas de EE.UU. en el exterior, a los encargados de aprobar y otorgar el apoyo financiero, etc.
Para finalizar el encuentro, el congresista Jamal Bowman aseveró:
“trabajamos por la comunidad y para la comunidad, no nos importa los intereses corporativos, sus historias son similares a las de nuestras comunidades, por lo cual, su lucha es nuestra lucha, su lucha es la nuestra”.
Así mismo, la congresista Cori Bush declaró:
“sus luchas nos inspiran para poder luchar nosotros desde nuestros territorios. Todos somos activistas, yo me convertí en congresista por la militarización de nuestras comunidades y la matanza de personas negras. Nosotros nos enfrentamos a la criminalización y a la muerte de nosotros mismos”.
Reunión con líderes de la Plataforma Agraria del Bajo Aguán
Esa misma noche, la delegación se encontraron con varios líderes (as) de La Plataforma Agraria, quienes explicaron el problema de la región con la tenencia de la tierra, trayendo a colación el contexto histórico de este problema que la región sustenta desde los años 70, a consecuencia de las reformas agrarias fallidas y la persecución política a los líderes (as) por la tierra y el territorio que protestaron por las concesiones gubernamentales de tierra que jamás se cumplieron.
Además, denunciaron el papel jugado por la Unidad de Investigación de Muertes Violentas del Aguán (creada en 2014 ante la necesidad de investigar las muertes ocasionadas por el conflicto por la tierra) que, lejos de cumplir su mandato investigando lo qué pasaba en la zona, se dedicaron a criminalizar campesinos. Así mismo, recordaron que dicha Unidad fue financiada por el gobierno de EEUU.
Por último, se resaltó que en el Aguán tiene mucha influencia la Standard Fruit Company.
Reunión con la resistencia de Jilamito
El 23 de marzo la delegación acudió al campamento de Jilamito, donde se encontraron con miembros de la resistencia y acompañantes del proceso del Movimiento Amplio para la Dignidad y la Justicia (MADJ).
Durante la visita, desde la resistencia se explicaron los efectos negativos de la construcción de hidroeléctricas en la región, donde existen 3 hidroeléctricas construidas, actualmente. De las cuales, ninguna surte de energía a las comunidades.
Además, las construcciones de esas hidroeléctricas provocaron durante el año 2020 inundaciones en el marco de las tormentas ETA e IOTA, ya que se abrieron las compuertas de esas hidroeléctricas por estar demasiado llenos sus embalses.
En este sentido, desde la resistencia piden a los congresistas que vayan a decirles a los bancos y organismos multilaterales que se retiren porque ellos (as) están dispuestos (as) a dar la vida para que no les quiten sus recursos y el río, siendo éste una fuente de agua para consumo humano, no para dar energía.
Cabe destacar que, durante el trascurso de estos espacios, las organizaciones sociales pidieron principalmente asumir la correspondiente corresponsabilidad por parte del gobierno estadounidense y sus instituciones que brindan apoyo financiero en proyectos extractivistas, proyectos para el fortalecimiento institucional del Estado hondureño, proyectos sociales y asistencia militar en el país.
Por su parte, los (as) congresistas estadounidenses acordaron monitorear la situación de los conflictos socio ambientales que tuvieron la oportunidad de conocer, en aras de realizar acciones de incidencia concretas.
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