La paz duradera en Colombia requiere de la justicia social y económica

por Lisa Taylor, equipo Internacional en Colombia

Cantando, “¡El pueblo unido jamás será vencido!”, miles de colombianos se movilizaron por la paz del país, este 9 de abril. Este día fue declarado como día cívico y el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado; la fecha también conmemora el asesinato del líder político más popular del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril 1948, seguido por los diez años de violencia política más brutal en la historia de Colombia, mejor conocidos como La Violencia, dando origen al actual conflicto armado moderno. Tomándose las calles de las principales ciudades, los participantes de la Marcha por la Paz demostraron su apoyo para las negociaciones que se llevan a cabo ahora mismo entre el gobierno colombiano y la insurgencia del grupo guerrillero más numeroso y representativo en este país, las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC), también pretendieron dentro de sus exigencias, pedir por la justicia, la verdad y las reparación a las víctimas.

Desde el inicio de las negociaciones en octubre de 2012, el gobierno colombiano y la FARC se han reunido con un éxito sin precedentes, logrando acuerdos parciales sobre temas como la reforma agraria, la política anti-drogas y la participación política de los guerrilleros a futuro. Aunque los acuerdos no van a finalizar hasta que se terminen de resolver todos los puntos de la reparación a las víctimas y los mecanismos de implementación, ambos sectores han empezado a tomar pasos concretos hacia la paz y han recibido apoyo de la comunidad internacional. El gobierno estadounidense nombró Bernard Aronson como el delegado especial para el proceso de Paz, y la semana pasada el Papa Francisco anunció una visita a Colombia en el 2016. La paz se puso de moda en Colombia, con hashtags de #MeMuevoporlaPaz inundando Twitter, y una gran cantidad de grafitis representando la paz han llenado los espacios públicos.


Durante la marcha, una mujer activista dijo apoyar el proceso, “porque las mujeres no queremos parir más hijos para la guerra, porque creemos que es necesario que nuestras comunidades estén en paz, que nuestras comunidades tengan oportunidades de trabajo, tener oportunidades necesarias para que nuestros hijos y nuestras hijas tengan un futuro.” Las víctimas además exigen la desmilitarización de las FARC, la investigación de los crímenes cometidos por el Estado, la reparación para las víctimas, el fin de la impunidad (actualmente con una tasa de más de 90 por ciento para la mayoría de los crímenes), y el derecho a saber la verdad sobre los que ordenaron y llevaron a cabo las violaciones de los derechos humanos. Esta última exigencia sobre una comisión detallada de la verdad iluminaría más sobre los actores del estado, los paramilitares y los multinacionales que en total han cometido la mayoría de las violaciones a los derechos humanos, aún más que la guerrilla.


Otro asunto que no se tratará en la mesa en la Habana, es el modelo económico neoliberal – un modelo adoptado durante la ola de las políticas de ajustes estructurales impuestas sobre los paises en América Latina como una condición para el alivio de la deuda externa – que ha sido defendido con entusiasmo por una serie de presidentes colombianos, pero los movimientos sociales en Colombia están relacionando las políticas del desarrollo económico con la profundización de la desigualdad y la inseguridad, la aumentación de las violaciones de los derechos laborales, la criminalización de la expresión ciudadana y la oposición política y el desplazamiento masivo. En una declaración que llama el año 2015 el año de la paz con justicia social, más que 60 organizaciones colombianas afirman que “las negociaciones [de paz] se desarrollan en un contexto de agudización de la crisis mundial signada por la acumulación de capitales que generan desigualdad y marginalidad e incrementan los índices de violencia.”




Hasta el día de hoy, más de siete milliones de víctimas se han registrado con la Unidad Nacional de Víctimas del gobierno colombiano. Este número incluye más de cinco millones de personas desplazadas internamente (IDPs), una cifra que pone Colombia en segundo lugar después de Syria con respecto al número de las personas desplazadas internamente y que también corresponde aproximadamente al 12 por ciento de la población entera en Colombia, según la ONG CODHES. Importantemente, CODHES también ha concluido que los desplazamientos masivos aumentaron un 83% en 2012, año en el cual implementaron el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia, y el año en el cual la Alianza Pacífica (un bloque regional de libre comercio fundado por Colombia) y el TLC entre Canada y Colombia fueron aprobados.


En un contexto tan grave y con muchos de los medios de comunicación nacionales e internacionales enfocados de forma muy restringida en las negociaciones en la Habana, la sociedad civil colombiana procura desarrollar un análisis más profundo sobre la construcción de Paz ¿Cuáles garantias económicas, culturales y sociales son necesarias para las víctimas? ¿Cómo puede contribuir la Marcha por la Paz en una conversación más profunda sobre el papel de las corporaciones multinacionales y las políticas económicas neoliberales? ¿Cómo puede apoyar el proceso de paz la comunidad internacional, mientras también analiza los impactos de las políticas del comercio exterior como las del TLC?

Por lo menos, se tienen que considerar todas las formas de violencia, incluyendo la violencia económica para construir una paz duradera con justicia social. Como Marino Gruesso del Movimiento Étnico y Popular del Pacífico declara, “Nosotros estamos pidiendo que haya igualdad social e igualdad política, porque si no hay eso, no hay paz.”

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