La supuesta “Seguridad” en México no llega a muchos defensores de derechos humanos

por Maggie Ervin Felipe Calderón, en su período de presidente de México entre 2006 y 2012, tenía un discurso parecido al de George W. Bush, el entonces presidente estadounidense, es decir, belicoso sin concesiones. Tan pronto como tomó posesión, declaró una Guerra Contra el Narcotráfico, y rápidamente militarizó el país. Para finales de su mandato, los resultados fueron trágicos y desastrosos: más de 60.000 mexicanos muertos, más de 20.000 desaparecidos y más de 150.000 desplazados, y ni siquiera logró frenar el flujo de drogas a los EEUU y Europa de manera significativa. El actual presidente Enrique Peña Nieto tiene un discurso diferente al de su antecesor. Este evita las palabras como “guerra” y “combate” por completo, enfocándose en lo que llama su política de “seguridad nacional” y el México “moderno”. Este enfoque le ha permitido promocionar y aprobar una serie de reformas constitucionales. Lamentablemente, ninguno de estos factores ha favorecido una mejora en el campo de los derechos humanos.

Un informe publicado la semana pasada por el Comité Cerezo México, “La Defensa de los Derechos Humanos en México: Una lucha contra la Impunidad”, reveló que las desapariciones forzadas han aumentado con Peña Nieto. El informe señala que tan solo a los defensores de derechos humanos, aumentó un 60%. Esto significa que 29 defensores han desaparecido durante los primeros 18 meses de su sexenio, en comparación con los 24 durante el mismo período de la administración de Calderón. El sábado pasado, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos calificó esta situación como “crítica”.

De esta manera, durante estos últimos 18 meses las detenciones arbitrarias y el hostigamiento hacia los defensores de derechos humanos se han incrementado. Ambas tácticas, sostiene el informe, van de la mano con la aplicación de la agenda política de Peña. Sus reformas, que forman una parte central de esta agenda, abarcan muchas dimensiones de la vida mexicana – la laboral, la fiscal, la educativa, la de telecomunicaciones y la energética – clara tendencia hacia la privatización, lo que atenta contra la vida pública. Como resultado, es de esperarse que la oposición a estas reformas sea feroz y extendida en el ámbito público, dando lugar a manifestaciones, marchas y bloqueos por parte de los mexicanos. Mientras tanto, el gobierno ha estado recurriendo a medidas represivas para sofocar este tipo de protestas y de esa manera desalentar la participación ciudadana. Como dice el informe: “la inmensa mayoría de los detenidos de manera arbitraria en el país lo fueron por su forma de pensar o disentir con las políticas neoliberales que se están aplicando en México.”


A pesar de su retórica menos combativa, Peña apenas ha reducido la militarización iniciada por Calderón. Justamente hace dos semanas lanzó una nueva fuerza de seguridad con 5.000 elementos policiacos, llamada “gendarmería” como nueva rama de la Policia Federal (una entidad conocida por sus violaciones de derechos humanos). En apoyo a esa política militar, los EEUU han demostrado la aceptación de estas medidas. De hecho, ha sido un participante activo en ellas. Desde que el Congreso aprobó la Iniciativa Mérida(también llamado Plan Mérida) en 2007, se han entregado 1.2 mil millones de USDa México, principalmente en forma de equipamiento militar y entrenamiento, todo en nombre de la Guerra contra las Drogas.


Tanto el Plan Mérida como su precursor Plan Colombia, no han logrado detener la producción y el flujo de drogas significativamente. Sin embargo, no hay planes para reducirla contundentemente. EEUU, en su año fiscal 2013 (que va de julio a julio), entrenaron más de 3.000 militares mexicanos en NORTHCOM en Colorado (un aumento del 44% desde el año fiscal 2011). Por si fuera poco, el gobierno de Obama solicitó recientemente 115 millones de dólares más para la Iniciativa Merida en su presupuesto para el ano 2015. Frente a todas estas políticas militares, la pregunta es: ¿Y que políticas se han implementado para velar los derechos humanos? A pesar de que la Iniciativa Mérida incluye “El respeto de los Derechos Humanos en México” como parte de su segundo pilar, el tan sólo 15% de sus fondos está condicionado al cumplimiento de las normas de estos. Y teniendo en cuenta que el aumento significativo de las violaciones de derechos humanos en México coincidió con la distribución de los fondos de la Iniciativa Mérida, ¿sería difícil argumentar que los EE.UU. no sea cómplice en estas violaciones?


La semana pasada Peña Nieto dio su segundo Informe de Gobiernoen el cual anunció la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en el área que colinda entre el Estado de Mexico y el Distrito Federal. Teniendo en cuenta que en el año 2006, cuando era gobernador del Estado de México, ordenó una represión masiva de protestas que surgieron en contra de la construcción de otro aeropuerto que en ese entonces se iba construir. Tal decisión resultó en dos muertos, 207 personas detenidas arbitrariamente, 26 mujeres violadas sexualmente, y decenas de personas torturadas. Con estos antecedentes, es preocupante lo que pueda pasar ahora con el nuevo proyecto anunciado en relación a los movimientos en contra del nuevo proyecto.

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