Mientras Colombia Termina Fumigaciones Controversiales, La Sociedad Civil Exige la Reevaluación de

La versión original de este artículo apareció en Latin Correspondent el 15 de mayo, 2015.

Por Allison Rosenblatt

BOGOTÁ – La Guerra Contra las Drogas en Colombia está viendo su primer gran cambio en más de dos décadas con la Declaración del presidente colombiano Juan Manuel Santos exigiendo el cese de fumigaciones aéreas de cultivos de coca antes del 1 de octubre de este año. La decisión fue aprobada por el Consejo Nacional de Estupefacientes el 15 de mayo con siete votos a favor y uno en contra.

El controversial programa de fumigación – realizado en gran parte por estadounidenses tercerizados que rocían el herbicida glifosato por áreas rurales de Colombia – se considera esencial en las políticas estadounidenses contra la producción de droga en Colombia.

El futuro del programa de fumigación cambió después de que un informe fuera emitido en marzo por la Organización Mundial de la Salud, el cual concluyó que el Glifosato, ingrediente activo en el Roundup, un producto de Monsanto, es “probablemente cancerígeno” para los seres humanos.

Muy pronto después de que el informe saliera al público, el Ministro de Salud de Colombia exigió al gobierno la suspensión del programa de fumigación, esto a pesar de que el último seguía contando con el apoyo de algunos miembros de la defensa y ejército estadounidense.

Estos eventos causaron una campaña en las redes sociales de #NOFumigación en Colombia y los Estados Unidos, dicha campaña buscaba crear más conocimiento acerca del tema y exigir un cese del uso de la química en esfuerzos para erradicar la coca. Una petición de Change.org colectó casi 25,000 firmas, y 19 miembros del congreso estadounidense aclamaron públicamente la decisión.

Mientras 32 grupos de la sociedad civil en los Estados Unidos y Colombia celebran el cese de lo que se piensa es “un programa inhumano y dañino para el medio ambiente,” otros permanecen escépticos acerca de que este desarrollo pueda resultar en grandes cambios en la Guerra Contra las Drogas apoyada por los Estados Unidos.

Durante el conversatorio #NOFumigación llevado a cabo el 13 de mayo y dirigido por la “Red por la Justicia Ambiental en Colombia”, expertos en políticas de las drogas hablaron de implicaciones futuras al cese de la fumigación y otras técnicas para reducir la producción de cultivos ilícitos.

Algunos participantes del conversatorio manifestaron estar preocupados de que las fumigaciones puedan continuar con diferentes químicos dañinos, o que sean reemplazadas con otras tácticas igualmente dañinas para la población colombiana.

“Solicitamos al Presidente Santos y al Ministro [de Salud] Gaviria, ojalá esto no sea solo una [manera] de reemplazar el veneno para que de entrada ya no sea el Glifosato sino [que] aparezca algún otro producto nuevo que contenga Monsanto el cual quieran experimentar con nosotros,” dijo Felipe Tascón Recio, un economista e investigador del Instrumento Político de Acción y Soberanía (IPAS).

Una solución militar para un problema de salud pública

“Se ha visto la necesidad de sacar el debate sobre la relación [entre] drogas y seguridad exclusivamente y llevarlo a donde debe estar… en general la política de las drogas es un problema de salud pública en el mundo y hasta allí debería llevarse,” dijo Pedro Arenas, el presidente del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos.

Mientras se prohíbe el Glifosato por sus propiedades cancerígenas, no se han considerado otras preocupaciones de salud y medioambiente en el proceso de tomar decisiones. La dispersión del químico ha resultado en enfermedades de la piel, sistema de reproducción, y la pérdida de visión para los que se han encontrado en áreas afectadas. Estos casos han sido documentados y denunciados públicamente desde que empezaron las fumigaciones aéreas en Colombia hace casi treinta años, según Camilo González, ex Ministro de Salud de Colombia y el presidente actual del Instituto para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ).

Cultivadores se han quejado repetidamente de que sus cultivos legales comestibles han sido destruidos por fumigación y que sus fincas están poniéndose menos fértiles.

En el 2000, la militarización de la Guerra Contra las Drogas incrementó muchísimo en Colombia después de que los Presidentes Bill Clinton y Andrés Pastrana aprobaran Plan Colombia, un acuerdo bilateral de $1.3 mil millones contra las drogas e insurgencia. Desde allí, los Estados Unidos ha mandado más de $7 mil millones en programas sucesores a Colombia con la mayoría de los fondos dedicados al ejército. Fumigaciones aéreas eran una parte esencial de este plan; se estima que se ha recibido $2 mil millones desde su fundación en 1994.

Es probable que el cese de fumigaciones signifique un gran cambio en un elemento fundamental del apoyo financiero estadounidense a Colombia. Pero todavía falta ver si los legisladores estadounidenses y colombianos estarán dispuestos a hacer cambios más sustanciales en la Guerra Contra las Drogas.

Hasta que los Estados Unidos y Colombia estén de acuerdo en cambiar el enfoque desde la oferta hasta la demanda para las drogas y financiar más iniciativas sociales y económicas, los activistas seguirán criticando las estrategias tan dañinas como fumigaciones aéreas.

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