Dictamen de la Pre-Audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre el Maiz

A pesar de todo lo que han hecho sucesivos gobiernos para desmantelar la Constitución Política de México, el pacto social y político y el proyecto de nación que mexicanas y mexicanos definieron hace casi 100 años sigue siendo su Carta Magna: un documento que es aún fuente de derecho y de unión para ellas y ellos.

El artículo 39 de la Constitución establece que la soberanía nacional pertenece esencial y originariamente al pueblo de México. Pertenece a todos y cada uno de quienes vinieron a presentar sus casos y a rendir sus testimonios. No son representantes de mexicanos y mexicanos. Son pueblo mexicano. Son los titulares de la soberanía nacional.

Desde esa condición han acudido a esta pre-audiencia a denunciar la violación sistemática de la soberanía de la que son titulares por parte de quienes la propia Constitución designa como garantes de esa soberanía.

Hemos escuchado atentamente los casos y testimonios, sólidamente sustentados, que demuestran ante todo este hecho de extrema gravedad. Buena parte del territorio mexicano al que se refiere la soberanía, un territorio que ha sido cuidado y protegido por miles de años por los pobladores originarios, una tradición responsable que continúan los actuales titulares de la soberanía, ha sido entregado a intereses privados y entidades extranjeras.

Además del derecho a la cultura, los pueblos indígenas cuentan con el derecho de propiedad sobre los territorios que han ocupado tradicionalmente. El gobierno se ha comportado como propietario de esos territorios, asumiendo dominio sobre ellos. Esta postura pudo tener sentido en el marco del proyecto nacionalista que emanó de la Revolución Mexicana. Representó una posición digna frente al capital extranjero para defender la soberanía nacional. Sin embargo, en vista de que el gobierno mexicano se ha apartado explícitamente del proyecto contenido en la Constitución de 1917, tal postura carece ya de sustento. El gobierno, por ejemplo, está transfiriendo el dominio del subsuelo, por medio de concesiones, a empresas transnacionales, en demérito de la propiedad y posesión indígena sobre sus territorios. Queda claro que para los pueblos indígenas ya no basta con ser propietarios de la superficie de sus tierras y territorios. La siembra de maíz transgénico y la minería afectan la vida misma tanto de indígenas como de no indígenas.

Todo esto implica una desviación de poder, que podemos demostrar con las pruebas que se nos han allegado. Se ha desviado tanto mediante nuevas leyes como a través de políticas y programas. Los poderes constituidos han empleado sus facultades para desmantelar las leyes y disposiciones que protegen la soberanía y el territorio, lo mismo que los derechos de los campesinos, a fin de acomodarlas a los intereses de corporaciones privadas y entidades extranjeras. Las políticas y programas que han aplicado están claramente en contra de los intereses campesinos y a favor de las mismas corporaciones.

Esta pre-audiencia se concentra en el maíz. Hemos escuchado numerosas expresiones de lo que significa para el pueblo mexicano. He aquí algunas de ellas, que reproducimos textualmente:

• Los oaxaqueños no entenderíamos la vida sin maíz. Es nuestro principal alimento y fundamento de nuestra cultura.

• El maíz es el que cuida a la comunidad. Es el que nos ha permitido vivir y resistir durante miles de años.

• Nosotros los campesinos no tenemos otra opción más que seguir sembrando para continuar nuestra manera de vida.

• No podemos vivir sin maíz, seguiremos luchando por mantener nuestra forma de vida y al maíz en ella.

• Yo quiero dejar mi maíz a mis hijos, a mis nietos, quiero que mis hijos tengan salud, que convivan con el maíz nativo y todo lo que les rodea, el frijol, la calabaza y los quelites porque aquí está la vida.

• Quiero seguir cuidando mi maíz nativo y a mi tierra porque mi maíz y mi tierra son sagrados y eso quiero dejar a mis hijos y a mis nietos

• El maíz es nuestra vida.

• En el maíz recreamos nuestra espiritualidad como pueblo indígena

• El maíz es nuestra carne y nuestros huesos; es salud, historia y autonomía

• El maíz somos nosotros y es patrimonio nacional.

• Producimos maíz para dar vida a nuestras comunidades y a la humanidad

• Nuestra relación con el maíz es sagrada: es el tesoro más preciado que los hombres y mujeres de maíz podemos tener.

Esa es la experiencia del maíz. Esto es lo que se han negado a ver los gobiernos, en su afán perverso de reducirlo a una cosa, una mercancía, un objeto más que se compra y se vende en el mercado y que puede ofrecerse al mejor postor.

Se nos dijo ayer, en uno de los casos presentados: “Denunciamos el cinismo, la irresponsabilidad y perversidad con la que las instituciones gubernamentales han tratado el problema. Los hombres y mujeres oaxaqueños estamos sembrando nuestros maíces aún en contra de un sistema que quiere acabar con el campo oaxaqueño y mexicano.”

Uno de los crímenes más serios que han cometido los gobiernos mexicanos es el crimen de empeñarse en eliminar a los campesinos, destruyendo de esa manera una sabiduría milenaria que es la base histórica y cultural de la nación.

Desde hace 60 años esta obsesión parece perseguir a todos los gobernantes. Varios de ellos han llegado a decir que México nunca podrá ser un país moderno mientras más de la tercera parte de la población viva en el campo; repetían, una y otra vez, que debía imitarse el modelo de Estados Unidos, en que sólo 2.5% de la población laboral producía alimentos para el mundo. Varios secretarios de agricultura declararon públicamente que su obligación era deshacerse de millones de campesinos. Y se diseñaron políticas y programas con ese propósito. Se mencionaron varios ejemplos de esa mentalidad criminal.

• Los campesinos lucharon para tener pequeñas tiendas CONASUPO en sus comunidades, administradas por ellos mismas, para poder acceder a bajo precio a productos de primera necesidad que no pueden producir. Desde hace muchos años, la red de tiendas de DICONSA , 23 000 establecimientos en 93% de los municipios del país, se usa con un propósito perverso. Con el pretexto de abatir el precio de los alimentos, se ha dedicado a desalentar la producción local de maíz y a crear el riesgo de la contaminación transgénica.

• Uno tras otro se fueron eliminando todos los instrumentos públicos de apoyo al campo creados en función de los compromisos de la revolución. Es cierto que se habían corrompido y que tenían carácter clientelar. Pero representaban una derrama económica para los campesinos, que se acostumbraron a depender de ella. Este fue uno de sus efectos más negativos, que se padeció inmensamente cuando se cancelaron.

En 1945 era rural el 75% de la población. En medio siglo la proporción se invirtió. Si bien es cierto que muchos campesinos migraron a las ciudades deslumbrados por las luces de neón y las promesas de la modernización, es preciso reconocer que otros muchos fueron literalmente expulsados de sus comunidades, tanto por formas de destrucción ambiental de las que en general no fueron responsables como por políticas y programas que impedían la prosperidad rural y dejaban a los jóvenes sin perspectivas dignas en sus propias comunidades – lo que se convirtió también en un motivo básico de emigración.

La reforma del artículo 27 constitucional, realizada con el abierto propósito de lanzar al mercado la tierra ejidal, estaba claramente asociada con la obsesión de los gobernantes de deshacerse de los campesinos.

La invasión transgénica forma parte de esa estrategia. Como se reveló con toda claridad en los testimonios presentados, el maíz transgénico no ofrece ventaja alguna para los campesinos y el país. Por lo contrario, los cultivos transgénicos han sido utilizados como herramienta de control de la agricultura y la destrucción de las bases de la autonomía de los pueblos. Además, ya ha sido demostrado en repetidos estudios que la transgenie, por naturaleza, disminuye la producción.

En realidad, la invasión transgénica que se ha estado preparando desde el gobierno, al servicio de las corporaciones que lo crearon y lo comercializan, corresponden a una estrategia perversa que fue rigurosamente descrita en la audiencia. Se trata ante todo de controlar el mercado de semillas en México, que representa 200 000 mil toneladas y 1,200 millones de dólares al año. Para este fin, se han estado modificando las leyes para beneficio de las grandes corporaciones y perjuicio de los pequeños productores, colocando a éstos al margen de la ley cuando venden o intercambian las semillas que producen.

La otra parte de esta pinza perversa es la que alude a la inseguridad alimentaria. Importamos ya la tercera parte del maíz que consumimos; en unos diez años estaríamos importando la mitad. Se está propalando la ilusión de que el transgénico podría resolver el problema aumentando la producción. Carece de todo sustento y muestra la gravedad del peligro que se enfrenta. En cinco de los ocho millones de hectáreas dedicadas al maíz no podrían funcionar las semillas transgénicas. En buena parte de la superficie maicera sólo pueden funcionar las semillas nativas. Es este el crimen que se quiere cometer: con la contaminación transgénica se perdería toda capacidad productiva. Si el maíz ya no rinde, si ya no pueden cultivarlo porque todo se ha contaminado y el transgénico no podrá prosperar, los campesinos abandonarán sus tierras. Y esto es, a final de cuentas, lo que acaso se busca. Que las dejen para poder entregarlas a otros intereses.

La contaminación transgénica puede verse como efecto directo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Fue descubierta cuando existía una moratoria para el cultivo transgénico. Pero existía una disposición del TLCAN, que propiciaba su libre circulación, bajo la falsa premisa de equivalencia sustancial, es decir, que el transgénico es igual al criollo o al nativo, una premisa también adoptada por los órganos internacionales.

A partir de 2001 las importaciones de maíz crecieron exponencialmente. Aunque estaba protegido en el TLCAN, el gobierno alentó esas importaciones, por encima de las cuotas establecidas y sin cobrar los aranceles pactados. Se realizó así un agresivo dumping a los productores nacionales, desalentándolos, obligándolos a abandonar el cultivo o el campo. Desaparecida la CONASUPO, nueve empresas transnacionales absorbieron 50% de las importaciones.

Distribuido por DICONSA, el maíz importado llegó a todas partes. La gente no supo que era transgénico. Traerlo al país era un gran negocio: México no cobraba arancel y Estados Unidos apoyaba con subsidios.

Y es así como un efecto perverso del TLC fue destruir la soberanía alimentaria en las comunidades.

Se trata de un crimen histórico de inmensas proporciones y consecuencias.

Escuchamos testimonios que demuestran fehacientemente que la contaminación transgénica es intencional y representa un desvío del poder, al emplear el aparato estatal a favor de intereses privados.

Los transgénicos son un instrumento corporativo. Pertenecen a seis empresas transnacionales, que forman un oligopolio. Monsanto controla el 85% del mercado.

Todos los transgénicos están protegidos bajo derechos de propiedad intelectual. Reproducirlos y usarlos sin permiso de los titulares de estos derechos constituye un delito. Los genes de Monsanto están patentados. La empresa sabe que la contaminación es inevitable, una vez que se realice la siembra extensa. Será un crimen con premeditación, alevosía y ventaja, porque busca intencionalmente apropiarse de todas las redes alimentarias. En Estados Unidos, Monsanto y Dupont ya han ganado juicios por 23 millones de dólares y arreglos fuera de tribunales por 200 millones de dólares más, por los granos contaminados. Pronto empezarán a demandar a productores mexicanos.

El crimen es aún más grave porque México es centro de origen de maíz, y por tanto, constituye el reservorio genético de uno de los tres principales cultivos del mundo, una de las bases principales de la alimentación a nivel global. Es también reservorio del conocimiento necesario para mantener vivo al maíz.

Denunciamos a los órganos de Naciones Unidas, que saben bien que proteger los centros de origen es esencial para mantener los cultivos vivos. Sería la primera vez en que un centro de origen se ha contaminado y esos órganos no han hecho nada al respecto.

Esto resulta aún más grave ante la perspectiva de cambio climático. Sabemos bien de la perspectiva: donde hay sequía habrá más sequía; donde hay mucha lluvia lloverá más. Las semillas nativas tienen la memoria genética que permitiría encontrar la respuesta a los cambios en las condiciones climáticas. Esas razas y variedades tienen los caracteres de herencia que necesitaremos.

Es un crimen abominable, que por ningún motivo debe permitirse, hacer que esas razas y variedades desaparezcan.

Este crimen insoportable es aún más grave si consideramos lo que ya mencionamos antes: que las políticas y programas del gobierno, en su desviación de poder, han socavado la soberanía alimentaria de las comunidades, en el ejercicio sistemático de violencia burocrática, social y policiaca.

“Perder el maíz nativo alimento de nuestros pueblos es perder la autonomía,” se dijo en la presentación de uno de los casos. Aquí está el meollo de la cuestión.

En una lucha de siglos, las comunidades han logrado fortalecer su autonomía y construir form