Seis meses de resistencia, seis meses sin respuesta


Minga Permanente en el Parque Nacional, Bogota, Colombia

Por Jessica Garcia


¿Por qué hoy seguimos hablando de la resistencia de los pueblos? ¿Por qué es necesario? Porque quien debería responder a las demandas del pueblo no lo hace, porque el Estado no responde. Si el Estado hubiese respondido a las demandas de las comunidades indígenas en Minga permanente en el Parque Nacional hace seis meses, hoy no estaríamos hablando de su resistencia, hoy no deberíamos estar hablando de esta lucha. Si el Estado respondiese, o mejor dicho, si respondiese no con represión si no con la habilitación para ejercer derechos ya reconocidos, hoy podríamos estar hablando de cómo las comunidades indígenas se han organizado en su territorio nuevamente, cómo viven en paz sin necesidad de pelear por nada porque sus derechos ancestrales sobre este territorio han sido reconocidos y nadie pone en duda su legitimidad.


Sin embargo, lamentablemente, hoy, es necesario recordar que las familias provenientes de 14 pueblos indígenas de Colombia (Muisca Gue Gata Thizhinzuqa, Tullpa Yanacona, Embera Katio, Embera Dobida, Kokonuko, Nasa, Cumbaltar Pasto, Uitoto Monifue + Uruk, Kubeo, Koreguaje, Wuayuú Bakatá, Zenu, Pijao Mohan y Esperara Siapidara) siguen resistiendo, hace ya seis meses, en el Parque Nacional debido a la falta de respuesta de los Gobierno distrital y Nacional. Hoy es necesario recordar que la situación humanitaria que se encuentran alrededor de 1600 personas en el Parque no es normal, ni natural. Es la consecuencia de la falta de implementación de políticas públicas diferenciales para dichas comunidades que ya han sido acordadas, pues estas personas son solo una parte de las 37266 indígenas que viven en Bogotá, muchas de las cuales han llegado a la ciudad como consecuencia del conflicto armado en sus territorios.


Desde hace seis meses, las comunidades han solicitado una mesa de diálogo con el Gobierno distrital, pero esta demanda no se ha cumplido y los espacios que se habilitaron no han funcionado. Han solicitado la comunicación en las lenguas de cada uno de estos pueblos, pues muchxs de ellxs no hablan español, pero tampoco se ha respondido a esta petición. La asistencia humanitaria por parte del Estado ha sido escasa, por no decir nula, frente a las necesidades de las familias, entre las que se incluyen numerosos niñxs. Tal es la situación que desde septiembre pasado ya han muerto 8 niñxs y otrxs tantos han tenido que ser hospitalizadxs debido a las condiciones de vida precarias en las que se encuentran.


En noviembre de 2021 emitieron la primera denuncia sobre la situación humanitaria de las comunidades indígenas en el parque, mientras que el 9 de diciembre varias organizaciones indígenas, entre ellas la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), emitieron un comunicado apoyando a las comunidades indígenas en Minga en el parque ante la crisis humanitaria. El 14 de diciembre se admitió una Acción de tutela presentada por el personero de Bogotá. Como consecuencia se le ordenó al Gobierno distrital que en un término de 8 horas, la Alcaldía debe prestar servicios de salud, alimentación, agua potable, elementos de aseo personal, manejo de residuos sólidos y desagüe, para que esta comunidad pueda gozar de condiciones sanitarias de habitabilidad, mientras es reubicada. Sin embargo, las condiciones siguen siendo críticas y se lxs acusa de no querer aceptar la propuesta de reubicación que es el parque La Florida donde las comunidades indígenas ya han denunciado que no hay condiciones dignas para la vida. El 7 de marzo las Autoridades Indígenas en Bakatá volvieron a exigir el cumplimiento de dicha medida.


Por otra parte, el Estado no sólo no ha respondido a las demandas de las comunidades, sino que el 27 de enero, las Autoridades Indígenas en Bakatá emitieron un comunicado denunciando las estrategias para dividir a los pueblos indígenas en el parque. Denunciaron que llevaron a familias emberas a la Unidad de Protección Integral (UPI) de la Florida bajo engaño, lugar al que, como se ha mencionado antes, las comunidades ya se habían opuesto a trasladarse.


A ello se añade los señalamientos realizados por el Gobierno distrital contra algunxs líderes y lideresas acusándolos de estar condicionando el avance del diálogo para el traslado de las comunidades a otros lugares a cambio de contratos para ellxs mismxs y la financiación de ollas comunitarias, a inicios de noviembre de 2021. Asimismo, la acusación de “suplantación” de calidad de autoridad indígena a las Autoridades Indígenas en Bakatá, simplemente, porque no están registradxs como tal en el Ministerio del Interior, como si la legitimidad de un proceso popular se basara en el reconocimiento estatal.

Al mismo tiempo, en estos meses se han incrementado las amenazas contra líderes y lideresas sociales que se encuentran en el Parque Nacional. El 24 de enero de este año, denunciaron que hombres armados llegaron a amenazar e intimidar a varios líderes en varias ocasiones.


En este marco, cabe recordar que desde el principio las comunidades han demandado claramente una respuesta del Gobierno distrital para que ejecute una política indígena que ya existe. Sin embargo, desde el Gobierno de Bogotá han dicho que es el Gobierno nacional el que debe responder porque se trata de comunidades desplazadas por el conflicto interno y que lo que están demandando es el retorno a sus territorios. Tal es así que a inicios de marzo el alto consejero de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, Vladimir Rodríguez, informó que desde este martes 1 de marzo, los más de 400 indígenas embera que se encuentran en la Unidad de Protección del Parque La Florida retornarían a sus territorios y que se les garantizaría condiciones de seguridad. No obstante, cabe preguntarse a qué condiciones de seguridad se refiere, cuando es de público conocimiento el agravamiento del conflicto armado en la región del Pacífico colombiano, de donde proviene el pueblo Embera, y donde se siguen produciendo desplazamientos forzados como consecuencia de dicho conflicto.


Hoy, a seis meses del inicio de la protesta, la situación humanitaria sigue siendo la misma, solo se ha sumado más gente que sigue llegando de los territorios debido al desplazamiento forzado como consecuencia del recrudecimiento del conflicto y ante la falta de respuesta del Estado, o como ya hemos dicho, como consecuencia de la ausencia de una respuesta que no sea la represión y militarización de los territorios. Hoy sigue siendo necesaria la resistencia de los pueblos y, por eso, también sigue siendo necesario hacer un ejercicio de memoria constante para no olvidar, para no normalizar lo que no es normal, ni justo ni natural. Por eso hoy familias de 14 pueblos indígenas continúan resistiendo en el Parque Nacional.