Jessica García
Entre los anuncios de campaña y la realidad hoy
Hace casi dos años me preguntaba si el entonces recién elegido nuevo presidente, Gustavo Petro, podría reducir la militarización del territorio colombiano y cumplir con su promesa de campaña: convertir a Colombia en potencia mundial de la vida. Allí mismo me preguntaba si Estados Unidos, que lleva más de 100 años interviniendo en los asuntos internos de sus vecinos para mantener su hegemonía, lo dejaría hacer.
Hoy, teniendo en cuenta el contexto regional y las decisiones adoptadas en términos de continuidad de la cooperación militar bilateral entre Estados Unidos y Colombia, me permito decir que el gobierno de Petro no ha podido reducir la militarización y, probablemente, no podrá hacerlo en lo que queda de su mandato. A la par del avance de la presencia militar estadounidense en la región, de la cual Colombia no está exenta, continúa la militarización del territorio colombiano, bajo nuevas “formas”, pero con el mismo contenido.
El contexto regional
Estados Unidos ha avanzado en su presencia militar en la región, como lo indica la serie de visitas, anuncios y acuerdos celebrados por la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, alrededor de América Latina.
Empezando por el extremo sur del continente, recientemente Richardson visitó Ushuaia (Argentina) y hasta allí viajó el presidente Javier Milei, para anunciar que la base naval integrada constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a la Argentina y Estados Unidos en la puerta de entrada al continente blanco. Asimismo, la Autoridad General de Puertos (AGP) de Argentina firmó un memorándum de entendimiento que habilita la llegada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense en la hidrovía Paraná-Paraguay.
Un poco antes, en mayo de 2023, Perú habilitó la entrada de militares estadounidenses con armamento militar a su país. La semana pasada renovó dicho permiso. En enero de 2024, Richardson visitó Ecuador y habló sobre la importancia de la cooperación militar y resaltó "la cartera de inversiones” de Estados Unidos en ese país en términos de asistencia militar, que no solo incluye transferencia de equipos militares, sino también “asistencia humanitaria y respuesta a desastres” y entrenamientos a las fuerzas represivas ecuatorianas. Este mes, hizo una visita a Guatemala y visitó la frontera con Honduras con otros miembros del Comando Sur.
Esto es solo un breve punteo de acciones y anuncios que nos permiten recordar que nada de esto es casual, América Latina sigue siendo el patio trasero de Estados Unidos.
Esto es solo un breve punteo de acciones y anuncios que nos permiten recordar que nada de esto es casual, América Latina sigue siendo el patio trasero de Estados Unidos. Si bien hasta hace algunos años no estaba dentro de sus prioridades en términos de política exterior, eso no significa que en caso de que otra u otras potencias intenten avanzar sobre la región no hará nada al respecto. Eso ha quedado claro con este creciente proceso de militarización que se consolida en la región, ante el avance de otras potencias, como es el caso de China, cuyas inversiones y presencia en América Latina y, en particular, en Suramérica es más que importante.
La dependencia continúa
En este contexto regional y, donde Colombia ha sido un actor central en el mantenimiento de la hegemonía estadounidense en América Latina, la permanencia de la militarización del territorio de la mano de la cooperación militar estadounidense en el país no es una novedad, sino una mera expresión de que no es posible cortar las relaciones de dependencia sin un alto costo político que el actual gobierno, probablemente, no quiera o no pueda pagar.
No es posible cortar las relaciones de dependencia sin un alto costo político que el actual gobierno, probablemente, no quiera o no pueda pagar.
Desde la llegada de Petro a la presidencia la cooperación militar con los Estados Unidos no se ha modificado, sino que continúa. Según estimaciones oficiales, la cuota de mercado de las importaciones estadounidenses en 2022 representó el 27,6 por ciento del total de las importaciones colombianas de material militar. Asimismo, a finales de 2023 el secretario de Estado, Antony Blinken, autorizó la asignación de fondos de los Estados Unidos para fortalecer las capacidades militares de Colombia y el embajador colombiano en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, aseguró que la “estrecha colaboración en seguridad entre Colombia y los Estados Unidos es esencial para abordar los desafíos que enfrentamos”. Tal es así que se firmó un nuevo plan de acción bilateral “enfocado en el desarrollo de capacidades de las Fuerzas Especiales Colombianas” para el período 2025-2029, calificado como “histórico” por parte de la embajada de Estados Unidos en Colombia.
Estas declaraciones se confirman en acciones concretas que dan cuenta que la militarización de los territorios continúa y que lo único que cambia es el discurso y las excusas bajo las cuales se justifica dicho proceso de militarización.
Siempre detrás del vecino del norte
En julio de 2023, UNITAS LXIV (64), conocido como el ejercicio marítimo multinacional más antiguo del mundo, concluyó con una ceremonia de clausura en Cartagena de Indias. Allí la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, declaró que “Trabajando juntos podemos mantener el hemisferio occidental libre, seguro y próspero. Durante un ejercicio como UNITAS tenemos que esforzarnos al máximo, porque cuando nos esforzamos más durante un ejercicio hace que lo real se convierta en una segunda naturaleza para nosotros”. Cabe preguntarse cómo el hemisferio occidental se mantendrá libre, seguro y próspero si el principal peligro y causa de la violencia desestabilizante histórica en la región ha sido justamente el país a quien dicha general representa.
Dándole continuidad a estos profundos vínculos de cooperación en pos de la “seguridad de la región”, en noviembre de 2023, las armadas de Colombia, Estados Unidos y Japón se dieron cita en las aguas del Caribe Colombiano, para realizar una serie de ejercicios navales. De acuerdo a los comunicados oficiales, el objetivo fue incrementar la interoperabilidad entre los países y favorecer las buenas relaciones para mejorar la seguridad marítima. Otra vez, nos preguntamos la seguridad de quiénes mejorará, pues claramente no es la seguridad del pueblo colombiano.
Finalmente, durante los últimos días de diciembre del año pasado, la marina colombiana fue invitada a ser parte de la Fuerza Marítima Combinada (CMF por sus siglas en inglés), liderada por la armada de los Estados Unidos, que opera en el Mar Mediterráneo, Mar Rojo, el Golfo Arábico y el Golfo de Adén. Cabe preguntarse qué hace Colombia en esa región, más allá de congraciarse con nuestro vecino del norte y, al parecer, rector eterno de nuestros destinos.
Cabe preguntarse qué hace Colombia en esa región, más allá de congraciarse con nuestro vecino del norte y, al parecer, rector eterno de nuestros destinos.
Bogotá como sede del negocio de la guerra, auspiciado por el Ministerio de Defensa
Al mismo tiempo que la marina colombiana incursionaba en mares muy lejanos a sus fronteras, pero muy cercano a los deseos eternos de dominación de nuestro gran vecino del norte, en Bogotá, se realizaba por novena vez la feria de armas más grande de América Latina, Expodefensa, dónde estuvieron presentes más de 200 empresas, entre ellas 51 empresas estadounidenses que lucran con la guerra.
A pesar del llamado de organizaciones de la sociedad civil para acabar con la realización de una feria que facilita la conexión entre quienes lucran con la represión y la militarización de los territorios, Expodefensa no solo se realizó si no que estuvo auspiciada por el Ministerio de Defensa de Colombia.
Estuvieron en el mismo lugar donde se realiza la feria del libro, pero esta vez en lugar de intercambiar lecturas, intercambiaron experiencias y contactos sobre modalidades de represión, de vigilancia, formas de matar más eficiente y menos costosas, en definitiva, formas de seguir lucrando con la violencia en todas sus formas.
Allí estuvieron 200 empresas que hacen grandes negocios con el dolor de millones de personas alrededor del mundo, estuvieron en el mismo lugar donde se realiza la feria del libro, pero esta vez en lugar de intercambiar lecturas, intercambiaron experiencias y contactos sobre modalidades de represión, de vigilancia, formas de matar más eficiente y menos costosas, en definitiva, formas de seguir lucrando con la violencia en todas sus formas.
De la excusa de la lucha contra narcotráfico a la defensa del medio ambiente
En 2022 se congeló un plan, ideado hace varios años, de construir una subestación de guardacostas de la Armada Nacional con financiación de Estados Unidos en la isla Gorgona, en el Pacífico colombiano, pues expertos y activistas ambientales alertaron sobre el riesgo que dicho proyecto tenía para la riqueza ambiental de la región. En 2023 se reactivó la continuidad de este proyecto a pesar de las denuncias y resistencia de las comunidades y organizaciones de la sociedad civil.
El gobierno ha intentado pintar de verde la construcción de esta subestación, negando su condición de base militar. Han dicho que el “radar” ya no será financiado por la Sección de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada Estados Unidos (INL), sino por el Ministerio de Defensa colombiano, pero la Embajada financiará el centro de investigaciones. Muy inocente sería pensar que la potencia hegemónica en la región financie un proyecto de investigación en una isla del Pacífico colombiano, clave en términos geoestratégicos, por puro amor a la ciencia sin ningún tipo de condicionamiento.
Muy inocente sería pensar que la potencia hegemónica en la región financie un proyecto de investigación en una isla del Pacífico colombiano, clave en términos geoestratégicos, por puro amor a la ciencia sin ningún tipo de condicionamiento.
Asimismo, igual de ingenuo y sin memoria sería creer que la financiación del radar por parte del Ministerio de Defensa colombiano, que es el principal receptor de asistencia en seguridad por parte de Estados Unidos en la región, no tenga ningún tipo de condicionamiento por parte de nuestro vecino del norte y que esto no signifique la militarización del territorio, con las consecuencias harto conocidas que dichos procesos han tenido sobre las comunidades donde se encuentran. Solo basta recordar a Olga Castillo y su lucha contra la impunidad, por más de 15 años hasta su muerte, sin ver justicia para ella y su hija, ante los crímenes cometidos por militares estadounidenses al servicio del Plan Colombia en una base militar en Melgar (Tolima).
Solo basta recordar a Olga Castillo y su lucha contra la impunidad, por más de 15 años hasta su muerte, sin ver justicia para ella y su hija, ante los crímenes cometidos por militares estadounidenses al servicio del Plan Colombia en una base militar en Melgar (Tolima).
En el mismo orden de ideas, y utilizando al medio ambiente como excusa para avanzar o sostener la militarización de los territorios, en julio de 2023, el General William René Salamanca Ramírez de la Policía Nacional anunció orgullosamente el comienzo de la construcción Centro de Integración Transnacional para el Control de Delitos Ambientales en la Amazonía, financiado por Estados Unidos. De acuerdo al general, “El Centro facilitará el despliegue de las capacidades de las policías e instituciones competentes de los países de la cuenca, con el propósito de fortalecer procesos de prevención control el delito y proyección de operaciones ambientales frente a los fenómenos transnacionales caracterizados”. Todo esto con el fin de proteger el medio ambiente, y con la financiación de la potencia hegemónica en la región.
Las organizaciones y comunidades claramente no son ni ingenuas ni desmemoriadas, por eso se siguen oponiendo firmemente a este tipo de proyectos. Tal es así que frente al proyecto militar en Gorgona, el Tribunal Superior de Bogotá emitió, tras una demanda del Consejo Comunitario de Guapi, un fallo histórico que suspende temporalmente dicho proyecto, debido a la falta de consulta previa con las comunidades étnicas. Esto solo confirma que la militarización de los territorios no cuenta con los consensos de las comunidades, pues son dichas comunidades quienes han padecido los peores impactos de los proyectos militaristas y no quienes firman los acuerdos y se someten a los designios de la potencia imperante.
Esto solo confirma que la militarización de los territorios no cuenta con los consensos de las comunidades, pues son dichas comunidades quienes han padecido los peores impactos de los proyectos militaristas y no quienes firman los acuerdos y se someten a los designios de la potencia imperante.
Conclusión: la militarización, ni antes ni ahora, ha resuelto ni resolverá nada
Cabe recordar que los territorios más militarizados de este país es donde más violencia contra la población civil se sigue ejerciendo y donde más líderes y lideresas sociales son asesinadxs. Tal es el caso del Cauca, donde 38 líderes y lideresas sociales fueron asesinadxs sólo en 2023, constituyendo el 20 por ciento del total de los asesinatos de personas defensoras de DDHH cometidas en todo el país de acuerdo a los datos publicados por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.
Cabe recordar que los territorios más militarizados de este país es donde más violencia contra la población civil se sigue ejerciendo y donde más líderes y lideresas sociales son asesinadxs.
Allí, en este departamento que ocupa con estas cifras el triste primer lugar en el número de asesinatos de líderes y lideresas sociales, las fuerzas armadas colombianas tienen una fuerte presencia que se expresa en la existencia de un Comando Específico del Cauca, unidad militar de la Tercera División, que tiene su puesto de mando en el municipio de Miranda y está conformada por la Fuerza de Despliegue Rápido No. 4 (FUDRA 4), la Vigésima Novena Brigada y el Comando Operativo de Estabilización y Consolidación APOLO (COAPO). Además, la Fuerza Naval del Pacífico, una Unidad Operativa Mayor de la Armada de Colombia, puede ejecutar operaciones navales en la región Pacífico colombiana, de la cual el Cauca es parte. Pero no están solos, ahí también junto a una amplia presencia de la “fuerza pública” (en la que hay que incluir a la Policía Nacional), hay una fuerte presencia de actores armados ilegales, como el Estado Mayor Central (EMC), la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Todo esto solo nos lleva a una conclusión, la militarización no ha resuelto ni resolverá nada, mucho menos la presencia militar extranjera, todo lo contrario, es parte del problema. Las comunidades pueden resolver sus propios problemas, solo basta con que puedan ejercer sus derechos en libertad y el Estado se ocupe de garantizarlos y no de violarlos.