Comunidades Afrocolombianas del Río Naya Defienden sus Vidas y sus Tierras

La mañana del sábado el 19 de mayo amaneció clara y calurosa en Puerto Merizalde, el lugar más poblado del Río Naya, cerca a la costa pacífica de Colombia. La mañana también trajo la presencia de infantes de marina colombianos con sus armas automáticas, estacionadas en las calles y alrededor de la iglesia histórica en una colina. La presencia militar ostentosa, en ese día en particular, tipificó una parte clave de lo que desafortunadamente sucede hoy en día en el Río Naya.

Dentro de la iglesia, unas 700 personas de docenas de comunidades a lo largo del Río Naya y de otras partes de la región se estaban reuniendo en la asamblea regional por la vida y permanencia en el territorio. La crisis inmediata fue la aparente desaparición forzada de tres líderes locales en abril, seguida por el desplazamiento debido a las amenazas de una comunidad de más de 50 personas y el secuestro de un cuarto líder que había tratado de averiguar qué había pasado con sus tres colegas. Todo a manos de hombres armados no identificados, que también amenazaron a la esposa de uno de los hombres desaparecidos. El Consejo Comunitario del Río Naya, el órgano de autogobierno de 64 comunidades afrocolombianas en la cuenca del río, convocó a la asamblea para exigir respuestas y acciones.

El área ha quedado atrapada en el fuego cruzado de los conflictos armados de Colombia durante décadas. En 2001, una matanza de paramilitares marcó el comienzo de una era de desplazamiento forzado, cuando mucha gente huyó a la ciudad de Buenaventura, la más grande de la región. En consecuencia, a principios de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a las comunidades de Río Naya. Esas medidas, reconocidas como vinculantes por el Estado colombiano y aún vigentes, requieren:

– “medidas de protección civil no armada y acciones efectivas de control perimetral por parte de la fuerza pública;”

– “la presencia de la Fuerza Pública en las bocas de Yurumangui y El Naya, como mecanismo de control para evitar el ingreso de actores ilegales;”

– “fortalecer el sistema de alerta temprana mediante la implementación de sistemas de comunicación efectivos;” y

– “iniciar la investigación de los hechos de violencia que fundamentan la presente solicitud, el juzgamiento y la sanción de los responsables.”

En lugar de la protección civil no armada, las comunidades a lo largo del Río Naya han experimentado una presencia militar intensificada e intrusiva desde febrero. En lugar de un efectivo control perimetral, el grupo armado que secuestró a un líder comunitario en abril pudo ingresar al río en una lancha rápida de alta potencia, y de hecho tomó al hombre del bote de la Defensoría del Pueblo, la entidad del gobierno que intentaba llevarlo a la seguridad. Y en lugar de una comunicación e investigación efectiva, el Consejo Comunitario del Río Naya todavía está esperando respuestas definitivas del gobierno sobre quién es culpable de las recientes desapariciones y el desplazamiento. Y en un momento en el que los Acuerdos de Paz del 2016 entre el estado colombiano y el ex guerrilla más grande, las FARC, deben promover el desarrollo rural sostenible, la reincorporación de excombatientes a la sociedad civil y el desmantelamiento de grupos paramilitares, campesinos todavía enfrentan extorsión junto con desafíos logísticos cuando intentan llevar sus productos al mercado, los productores que aceptan la sustitución voluntaria de cultivos lícitos por coca le sigue faltando el apoyo prometido y las fuerzas paramilitares (que se considera alineadas con intereses comerciales extractivos) continúan siendo una amenaza la región de la costa pacífica de Colombia, a pesar de que supuestamente es el sitio de los proyectos pilotos para desmantelarlos.

¿Qué podemos hacer desde los EE. UU.? – Preste atención a las amenazas que enfrentan las comunidades del Río Naya, y cómo esas amenazas reflejan fenómenos más amplios de militarización, negligencia oficial de economías locales sostenibles a favor de intereses corporativos y falta de respeto por el liderazgo comunitario, especialmente cuando la comunidad involucrada ha sufrido siglos de explotación.

– Instar a los y las congresistas de los EE. UU. a que trasladen el financiamiento de la ayuda extranjera para Colombia fuera de los propósitos militares y hacia los civiles, específicamente las economías locales sostenibles y la plena implementación de los Acuerdos de Paz.

– Enfatizar la urgencia de implementar el compromiso en los Acuerdos de Paz para desmantelar las estructuras paramilitares, especialmente en las regiones prioritarias de la costa pacífica.

La Asamblea nos concedió unos minutos para presentarnos ante ellos y ellas y prometer solidaridad. Por favor ayuda a cumplir esa promesa.

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