EE.UU. y sus Peores Exportaciones

por Maggie Ervin


Es probable que Sony, Warner Brothers y demás paguen bastante bien a las empresas de doblaje, porque los mayores éxitos de taquilla hollywoodenses no tardan nada en aparecer en México. Así que este verano, en pantalla tras pantalla al sur de la frontera, la Falla de San Andrés ya ha resquebrajado la tierra y derribado edificios, los Vengadores han puesto el ejército de Ultron a la prueba, y Indominus del Jurásico Mundial ha devastado casi todo en su camino.

Sin embargo, desgraciadamente el terror y la destrucción no se limitan a la gran pantalla. Consideremos lo que ha pasado durante las últimas tres semanas en México. Alrededor de 120 migrantes que pasaban por Sonora fueron atacados por hombres vestidos en uniformes militares que comenzaron a disparar contra ellos. Tres de los migrantes fueron asesinados, al menos trece escaparon, y la mayoría todavía están desaparecidos. Amnistía International y grupos de derechos de los migrantes tuvieron que exigir una investigación formal del caso.


Mientras tanto, la versión oficial del gobierno sobre lo que pasó con los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y su “verdad histórica” se vino abajo. A lo largo de estos nueve meses, los familiares junto con organizaciones sociales habían estado señalando al gobierno mexicano de encubrimiento y manipulación, así como denunciando su obtención de testimonios bajo tortura. Apenas la semana pasada, un juez de barandilla que estaba trabajando en la estación de policía la noche de la masacre (y cuya familia ha sido amenazada y quien se encuentra en EE.UU. en busca de asilo) se pronunció de manera convincente de que los estudiantes nunca fueron llevados a la comisaría local. Esto confirma las sospechas generalizadas de que el gobierno ha tratado de ocultar la participación de la policía federal y estatal – y tal vez inclusive del ejército – en la desaparición de los estudiantes, de esa manera echando toda la culpa a la policía municipal.

Luego la semana pasada, hubo reportes de que desde un helicóptero de la Marina, dispararon a civiles, matando una persona y heriendo varias más. Y por si fuera poco, el 7 de junio se llevaron a cabo unas elecciones violentas. El saldo: una ejecución extrajudicial y 127 detenidos. La mayoría de este último tuvo lugar en Oaxaca, donde 25 manifestantes fueron llevados a prisión de máxima seguridad, donde denunciaron tortura y múltiples abusos de sus derechos humanos, y han sido acusados ​​de terrorismo. 56 ONGs en Oaxaca se juntaron de manera urgente y declararon: “El fuerte dispositivo policíaco-militar montado en Oaxaca desde la tarde del 5 de junio, con la llegada de miles de efectivos de la policía federal, gendarmería, Ejército y Marina, para ‘blindar’ las elecciones federales…no contribuye en nada a generar el clima de confianza y libertad necesarias para dicho ejercicio democrático. El manejo militar de una problemática social evidencia una grave regresión autoritaria.” La represión militar en días electorales no fue menos intensa en el estado de Guerrero, y también hubo fuerte despliegue de fuerzas de seguridad en Michoacán y Chiapas. ¿Libre y justo? No exactamente.


Al norte de la frontera, por supuesto, el ciclo electoral apenas comienza. En el lanzamiento de su campaña la semana pasada, Donald Trump no perdió tiempo despreciando a los mexicanos en EE.UU. “Cuando México envía su gente, no envian a los mejores …”, dijo. “Envian gente que tienen muchos problemas y están trayendo esos problemas.” Ahora bien, tal vez los últimos comentarios absurdos de un “Birther” (un término para referirse a quienes insisten que Obama no nació en EE.UU.) quien una vez afirmó que el presidente Obama fue “el peor enemigo de Israel” no merece mucha atención. Pero su inverso – o sea, que EE.UU. exporta problemas a México – sin duda la merece. Así que echemos un vistazo a lo que EE.UU. envía a su vecino sureño.

En primer lugar está el dinero: más de 2,4 mil millones de dólares gastados en la Iniciativa Mérida, a través de la cual el Congreso ha asignado fondos cada año desde 2007, a la que Obama apoya. ¿Qué forma ha tomado este dinero?; Sobre todo se ha utilizado para militarizar México: proporcionando helicópteros Blackhawk, cámaras de vigilancia, armas y equipamientos sofisticados. Y se ha utilizado para entrenar a las fuerzas de seguridad mexicanas cuyo historial de derechos humanos – más allá de las desapariciones forzadas de Ayotzinapa – ha sido abismal durante este mismo período de ocho años de tal manera que no sólo están llamadas a luchar luchar contra los cárteles de la droga, sino también para reprimir los movimientos sociales.



En segundo lugar están las ventas privadas de armas, lo que nos lleva a pensar sobre las leyes estadounidenses al respecto. Incluso después de las masacres de Newtowns, Isla Vista, Fort Hood, y Charleston, todavía es fácil obtener una arma de fuego. En cambio en México, a pesar de que existe el derecho constitucional a poseer armas, hay restricciones, y sólo hay una tienda de armas legales en todo el país. Compare esto con los más de 54.000 distribuidores de armas de fuego con licencia federal en EE.UU., aproximadamente 6.700 de los cuales están en la frontera. Según un estudio del año 2013 realizado por la Universidad de San Diego Transborder Institute junto con el Instituto Igarape de Brasil, aproximadamente 253.000 armas estadounidenses terminan en México cada año, lo cual representa aproximadamente 2,2 por ciento del total de las armas vendidas anualmente en EE.UU y alrededor del 70% de las armas en México. Desafortunadamente, no hay evidencia de que este número haya bajado desde que emitió La Corte Suprema estadounidense en junio de 2014 la prohibición de las compras de “straw” (compras hechas en nombre de otro).


Este tema de la venta de armas no es sólo para los cárteles de las drogas. Como se destacó en un reciente artículo del Washington Post, el gobierno mexicano está dispuesto a comprar cada vez más y más armas. De hecho, sus órdenes de este año representan un aumento del ciento por ciento de los años anteriores. Entonces, las empresas de armas parecen encantadas de responder a esta demanda, mientras el Congreso parece encantado de seguir financiando la Iniciativa Mérida, y tal como se demostró esta semana con la aprobación de Fast Track (Via Rápida) para el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico – un acuerdo de libre comercio extremadamente favorable a las corporaciones – es cada vez más difícil distinguir entre el sector gobernamental y el sector privado.

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