por Carlissa Arrow
El Rio Naya
Durante décadas, Estados Unidos ha estado experimentando una crisis humanitaria en la frontera entre Estados Unidos y México. Irónicamente, esta crisis ha sido empujada por las políticas estadounidenses debido a la política de inmigración sin tolerancia de Trump. Muchos estadounidenses desconocen el papel de los Estados Unidos en la perpetuación de la migración forzada de millones de familias y niños no acompañados en toda América Latina desde lugares como México hasta Colombia. En marzo de 2018, participé en una delegación al sudoeste de Colombia con Acción Permanente por la Paz. Durante 10 días, aprendí sobre el impacto de las políticas de EE. UU. En la región y cómo las comunidades colombianas están trabajando para construir un futuro digno y pacífico desde cero, y también reconocí las conexiones entre las políticas de EE. UU. En Colombia y América Central, particularmente en relación con la actual crisis de inmigración. La Colombia que llegué a conocer claramente difiere de las percepciones de Colombia, las percepciones a menudo racistas, deshumanizadas y descontextualizadas en las que se basan las políticas de los Estados Unidos.
Delegados en la comunidad de La Esperanza.
Como la mayoría de los países que tienen alianzas, los Estados Unidos y los países de América Latina dependen mutuamente del comercio, la defensa, los recursos y el empleo. Sin embargo, nuestra relación con América Latina está impregnada de discriminación racial implícita, tráfico de drogas, asesinatos en masa y privación de derechos económicos que ha llevado a migraciones forzadas de miles de personas, muchas de las cuales han terminado en nuestros inhumanos centros de detención de inmigración. La relación entre EE. UU. Y Colombia, aunque es única, refleja muchas historias y políticas de Estados Unidos hacia América Latina, como Honduras, Cuba y México. La relación está marcada por una serie de actos de violencia contra personas inocentes que los obligan a abandonar sus hogares y cruzar la frontera en busca de seguridad. Ahora más que nunca, los proponentes neoliberales en los Estados Unidos están promocionando los beneficios del libre comercio y la “mano invisible” como el camino que permitirá a los países “subdesarrollados” competir con el resto del mundo. Estas son las mismas políticas que explotan la tierra, el trabajo y la dignidad de estos países y fomentan la desigualdad. El neoliberalismo es una forma intensiva de capitalismo que se esfuerza por transferir por completo todos los servicios públicos al sector privado, desregular la economía y confiar en el libre comercio. Eso podría significar que el bienestar, la sanidad, el comercio y el transporte están controlados por las corporaciones adineradas, en lugar de las personas. Los acuerdos de libre comercio eliminan todas las tarifas que protegen los bienes del vendedor en el mercado mundial y evita maximizar las ganancias de un bien que de otra manera no sería beneficioso vender en el mercado. Junto con el libre comercio viene la privatización que permite a una oligarquía controlar el mercado, determinando precios, accesibilidad, salarios, cantidad, etc. Una vez implementadas, estas políticas impiden que la mayoría de los grupos indígenas y otros grupos pequeños protejan sus propios bienes. En realidad, el neoliberalismo solo beneficia a las personas que ya tienen el poder y hace caso omiso del impacto en las personas sin voz. En muchos países de América Latina, las personas nativas se han visto obligadas a residir en las afueras de su propio país al igual que la población nativa de los Estados Unidos debido a estas políticas. El neoliberalismo permite a los políticos usar la libertad económica como una justificación para abusar y desplazar a grupos de personas.
Desde la iniciativa conjunta entre los Estados Unidos y Colombia del Plan Colombia (2001), los Estados Unidos ha contribuido más de 10 mil millones de dólares en ayuda principalmente militar a Colombia. Visité Buenaventura, una ciudad en el Valle del Cauca que todavía enfrenta los impactos de las políticas estadounidenses. Buenaventura es el hogar de una comunidad de organización social vibrante y pacífica liderada con orgullo por líderes predominantemente mujeres. Están trabajando para combatir la inequidad entre el puerto comercial bien mantenido y los cientos de miles de ciudadanos que carecen de acceso a agua potable, atención médica y una vida sin miedo. Fuera de Buenaventura se encuentran las comunidades del río Nayan, poblado por pueblos afrocolombianos e indígenas que continúan experimentando violencia y desplazamiento a contrario de las narrativas de los medios de comunicación de los Estados Unidos que notan que ya hay paz en Colombia. El gobierno de Colombia continúa insistiendo que los niños, las familias y comunidades enteras en el Naya están conectados con la insurgencia y se infiltran en las comunidades con sus propios militares y masacran a miles de personas en sus propios hogares.
En 2008, el entonces presidente colombiano Uribe afirmó que el Naya estaba lleno de cocaína y marihuana, incriminando a personas inocentes y poniendo sus vidas en peligro. Este concepto erróneo proviene de las hojas de coca, una de las docenas de ingredientes necesarios para sintetizar cocaína. Crece naturalmente a lo largo del río Naya y contiene propiedades medicinales utilizadas por la población local. Los estereotipos estadounidenses de América Latina y la compra de drogas ilegales solo empeoran esta reputación y aumentan la violencia. A pesar de la defensa de la comunidad para sofocar la participación del narcotráfico, el gobierno de EE. UU. Continúa centrándose en una narrativa estrecha del narcotráfico, presionando por la erradicación de la coca por encima de cualquier otra cosa. En el pasado, Estados Unidos subvencionó la fumigación aérea de cultivos de coca, una táctica que ha resultado en ríos contaminados, defectos de nacimiento y la matanza indiscriminada de cultivos de subsistencia. Como resultado, las personas a lo largo del río Naya fueron forzadas al interior a buscar refugio, lo que dejó la tierra en manos del gobierno para dispersar a los políticos y las élites empresariales, exactamente donde lo deseaban.
Delegados al Rio Naya con mujeres de AINI.
Es difícil luchar contra estas continuas injusticias cuando en papel Colombia tiene buenas leyes que están destinadas a ayudar a las comunidades indígenas y afrocolombianas a obtener y mantener títulos de sus tierras. Por ejemplo, se supone que la Constitución de 1991 reconoce el derecho de las comunidades indígenas y afrocolombianas a la consulta previa para proyectos de desarrollo en tierras comunales y se supone que la Ley 70 (1993) proporciona mecanismos para que los afrocolombianos comiencen a solicitar la titulación colectiva de sus tierras históricas en la cuenca del Pacífico (Grueso et al., 1998). Bajo la administración de Obama, Estados Unidos comenzó a financiar gran parte del acuerdo de paz de Colombia, que supuestamente ayudaría a reconstruir la paz, pero desafortunadamente aún no responsabiliza al gobierno colombiano por la implementación de los acuerdos de paz.