By John Walsh
Cuando hondureños y hondureñas se movilizan en la resistencia, como lo han sido haciendo más y más en el país entero en el curso de los últimos dos meses, el puente Ramón Fiallos sobre el río Lean suele ser el sitio de una manifestación. El día 5 de julio de este año el Colectivo de Solidaridad de Acción Permanente por la Paz atendió una petición de acompañamiento velando por los derechos humanos mientras hubo allá una protesta pacífica en contra de la privatización de la educación y la salud pública. Sea o no que la presencia de dos observadores internacionales ha sido un factor, cuando llegó una cantidad grande de policías y militares al sitio no han recurrido, ese día, a represión salvaje. Más bien transcurrió que después de un diálogo entre manifestantes y autoridades la protesta ha seguido por los pocos minutos restantes hasta su término ya anunciado, cuando se levantó de manera digna.
Demasiadas veces no resulta así. Una semana antes en el mismo lugar, un hondureño defensor de derechos humanos fue amenazado a muerte por un militar. Y una semana después la policía ha lanzado cantidades grandes de gases lacrimógenos, incluso una bomba apuntada desde poco distancia directamente contra la espalda de un hombre saliendo de la escena – vi la huella que dejó en su piel y me enteré de que él fue detenido en seguida varias horas sin poder comunicarse con nadie.
El nombre del puente conmemora a Ramón Fiallos, líder en la comunidad de Arizona, Atlántida, quien fue pegado por una bala tirado por las fuerzas de seguridad del estado mientras reprimieron con violencia otra protesta en la noche del día 22 de enero 2018. Puede ser que su herida no hubiera sido mortal, pero esas mismas fuerzas de seguridad no han permitido que auxilio médico lo alcanzó, determinando así que él queda dentro de las 33 muertes civiles verificadas por la Coalición contra la Impunidad entre el día 26 de noviembre de 2017 y el día 23 de enero de 2018, cuando hubo una represión intensa policial y militar de protestas después del aparente fraude en las elecciones presidenciales.
En el caso de Don Ramón el Ministerio Público ha sido investigando las circunstancias de su muerte, pero, casi un año y medio después del hecho, nadie ha necesitado responder como responsable. Bien es verdad que su familia y su comunidad merecen justicia, pero más allá de eso se necesita esclarecer lo que pasó y encontrar a quienes sean responsables para prevenir más represión violenta y más muertos.
Como alguien que estuvo presente en enero del 2018 en el velorio de Don Ramón Fiallos y en su entierro, y porque he visto el dolor en los ojos de su familia y sus compañeros y compañeras, me sumo a ellos y ellas exigiendo fin a la impunidad por su muerte, aún más dado que tanto la represión que lo mató como el incumplimiento con el deber de fiscales que permite la impunidad son avalados por la postura del gobierno de los Estados Unidos respecto a Honduras.
Mientras tanto se acuerda de Don Ramón no únicamente en el puente. Subiendo por la calle de gravilla al lado del río Lean, doblando para pasar por la aldea de Mezapita, y siguiendo por otra calle no pavimentada rumbo a la cordillera Nombre de Dios y la cumbre conocida como Liberación, llegas después de rato al Campamento Digno Jilamito, un lugar donde hay presencia las 24 horas y los 7 días de la comunidad en resistencia a un proyecto hidroeléctrico privado propuesto que pondría en riesgo la fuente del agua para la población. Ramón Fiallos ha sido entre las personas más activas organizando el Campamento Jilamito, como manifiestan la valla con su imagen y la caja de vidrio con recuerdos de su vida.
Don Ramón vive, la lucha sigue!