Por Julien Christe y Allison Lira
En las montañas del norte de Honduras, las industrias extractivas se benefician generosamente de las tierras forestales pertenecientes a la tribu indígena Tolupan de San Francisco Locomapa con la aprobación del estado hondureño y del Consejo Directivo de la Tribu. Mientras tanto, la gran mayoría de la población Tolupan vive en condiciones de extrema pobreza, con muchos sufriendo de desnutrición y carecen de viviendas adecuadas.
En la década de 1990, miembros de la tribu Tolupan de San Francisco Locomapa formaron el Consejo Preventivo para defender los derechos indígenas y el medio ambiente, y para dar voz a una visión alternativa de desarrollo comunitario. En 2009 formaron parte de una organización de la sociedad civil hondureña, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ). El costo de su activismo ha sido devastadoramente alto. Desde 2013 se han registrado 10 asesinatos vinculados a intereses económicos en la zona, muchos de los cuales permanecen en la impunidad.
El lunes 10 de mayo de 2021 continuó la persecución cuando un grupo de personas vinculadas a la empresa maderera INMARE (perteneciendo al empresario Wilder Domínguez) y al Consejo Directivo atacaron a los defensores ambientales Tolupanes protestando pacíficamente la destrucción de sus bosques.
El Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia informa que en el transcurso del día muchos resultaron heridos, entre ellos una mujer que recibió un disparo en la pierna, instalaciones de una radio comunitaria fue destruida y el defensor ambiental Celso Alberto Cabrera tuvo su casa de familia incendiada, sus dos hijos todavía adentro. Se dice que miembros del Consejo Directivo participaron directamente en el ataque y amenazaron de muerte a varios líderes comunitarios. En un caso, miembro del Consejo Directivo Kristian Medina le dijo a la líder indígena y defensora ambiental Angela Murillo que “Hoy a las 12 de la noche te vamos a ir a sacar de tu casa y te la vamos a quemar.”
Se informa que la policía llegó al mediodía para asegurar el paso seguro de la maquinaria INMARE. La policía no hizo ningún intento de proteger a las víctimas del ataque ni de obtener atención médica para los heridos. En algunos casos, la policía presenció pasivamente la agresión de los defensores del medio ambiente y en otros, participó directamente en la violencia. Además, cuando Ángela Murillo viajó para denunciar las amenazas de muerte que le habían infligido y otros delitos, miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y del Ministerio Público se resistieron inicialmente a recibir su denuncia, solo después de reiteradas solicitudes de la señora Murillo y los que la acompañan. Por años, los defensores del medio ambiente han denunciado en innumerables ocasiones la persecución que enfrentan. Las autoridades aún tienen que investigar y procesar adecuadamente la gran mayoría de estos delitos.
Desde las comunidades Lenca de Río Blanco hasta los campesinos del Valle del Aguán, las fuerzas de seguridad hondureñas demuestran que son más que capaces de proteger, investigar y enjuiciar cuando es de interés para los actores económicos. Defensores del medio ambiente y de la tierra en todo Honduras han denunciado las abrumadoras demostraciones de fuerza policial y judicial utilizadas para proteger el capital mientras se quedan desprotegidos, sus asesinatos nunca alcanzan justicia. Esta situación es bien establecida y solo ha empeorado desde el golpe de 2009, ya que los niveles cada vez mayores de militarización y el debilitamiento constante de los mecanismos de supervisión y las garantías constitucionales han abierto la puerta a la corrupción y al colapso del estado de derecho.
Aún así, en una extraordinaria muestra de valentía, los líderes indígenas y ambientales continúan resistiendo pacíficamente. Este es ciertamente el caso en San Francisco Locomapa, donde MADJ y el Consejo Preventivo continúan avanzando a pesar del alto nivel de amenaza. Durante el último año, acompañamos a los líderes de la comunidad Tolupan cuando comenzaron la construcción de una estación de radio comunitaria (ahora destruida) y organizaron iniciativas comunales de subsistencia. En marzo de 2021, el Consejo Preventivo ganó un caso judicial histórico, que afirmó el derecho del pueblo tolupan a la salud y la alimentación, lo que resultó en el establecimiento de una clínica de salud pública permanente para las comunidades Tolupanes de la zona. Ahora, los acompañamos mientras trabajan para realizar un proyecto que tomaría árboles derribados por el huracán Eta e Iota para construir casas para los miembros de la comunidad necesitados, el proyecto actualmente denegado la aprobación de las autoridades tribales y hondureñas.
Desde el golpe, Estados Unidos ha sido cómplice del deterioro de las condiciones de los defensores de derechos humanos hondureños a través de su apoyo económico y político a las fuerzas de seguridad hondureñas. Un contingente creciente del Congreso está trabajando ahora para cambiar eso. Únase a ellos y apoye a los defensores ambientales Tolupanes en apoyar la Ley Berta Cáceres en la Cámara de Representantes y la Ley Hondureña de Derechos Humanos y Anticorrupción en el Senado, las cuales piden la suspensión de la ayuda de seguridad estadounidense a Honduras hasta que se aborden la impunidad endémica, la corrupción y las violaciones de derechos humanos.
Para obtener más información sobre la tribu Locomapa Tolupan, visite las redes sociales y el sitio web de MADJ.