Resistiendo la desigualdad en medio de la balacera

La versión original de este artículo fue publicada en el periódico The Indypendent el 18 de mayo 2015. Una versión anterior apareció en el periódico Upside Down World el 24 de abril 2015.


Por Lisa Taylor, APP Colombia

BUENAVENTURA, Colombia Suavemente, la brisa flota por la casa de madera que se mece en las olas del mar en la comunidad conocida como Puente Nayero en la zona de bajamar, dando un momento de respiro muy bienvenido en el bochorno de la Costa Pacífica. Los gritos y las risas de los niños y niñas además de la música popular de la salsa choke filtran por la puerta de la casa mientras Miguel Caicedo,* un líder afro-colombiano y pescador artesanal demuestra la técnica de la pesca que ha utilizado por 47 años, reflexionando sobre los cambios que ha presenciado en su comunidad.


Cada vez que salen por ocho a diez días en una lancha pequeña, los grupos pescadores usualmente compuestos por varios miembros de una familia viajan hasta 150 kilómetros por la costa para capturar la tonelada del pescado necesario para mantener a sus familias. La ruta sigue alargándose en los años recientes mientras los peces se hacen más y más escasos. Demostrando el uso de un anzuelo mientras enumera con facilidad más de 10 especies de pescado y mariscos, Caicedo emana su orgullo por la tradición pescadora de su comunidad.

Para nosotros, la pesca artesanal es tan importante porque es como se consigue el sustento, manifiesta.

Pero las poblaciones disminuidas del pescado no presentan la única amenaza para el sustento de don Caicedo. La ciudad del puerto de Buenaventura, donde se sitúa Puente Nayero, ha llegado a ser famosa por las altas tasas de desapariciones, asesinatos, desplazamientos y desmembramientos llevados a cabo por los grupos paramilitares quienes procuran controlar las rutas del narcotráfico lucrativo que extienden al norte hasta Centroamérica y los Estados Unidos. La ubicación estratégica de Buenaventura como el puerto más grande en Colombia, además de los múltiples ríos y esteros que se encuentran en el municipio, ha atraído tanto intereses legales como intereses ilegales. Tales intereses afectan desproporcionalmente a las comunidades afro-descendientes, las cuales llegaron en el Pacífico por la esclavización de la corona española y ahora componen un estimado 90 por ciento de los 500.000 habitantes en Buenaventura.

A pesar del gran despliegue especial de miles de tropas militares a la ciudad por el presidente colombiano Juan Manuel Santos en 2014, los habitantes constatan que la militarización de la ciudad y la presencia de la fuerza pública no han tenido mucho efecto. Presenciando la inactividad de la policía y algunos casos del abuso policial un joven de Puente Nayero fue torturado con choques eléctricos por la policía en junio 2014 los habitantes locales sospechan la indiferencia e incluso la connivencia de la fuerza pública con grupos paramilitares.

Además del control paramilitar de su barrio, Caicedo tiene que enfrentarse con los proyectos de la expansión del puerto en Buenaventura, los cuales expulsarán las operaciones pequeñas de la pesca artesanal. A pesar de haber sido abordado el año pasado por tres paramilitares quienes lo amenazaron a muerte, se mantiene firme en su apoyo de la iniciativa no-violenta en su comunidad que se conoce como el Espacio Humanitario y lleva un año de resistencia. Compuesto por una calle y dos puentes colindantes poblados de casas construidas sobre el mar, Puente Nayero es una comunidad residencial de aproximadamente 300 familias. Caicedo insiste que el Espacio Humanitario un área libre de los actores armados ilegales es una herramienta crucial para defender las familias, territorio físico, sustento de la pesca artesanal y las prácticas culturales de Puente Nayero.

Estoy amenazado aquí en mi calle, pero aguanto mi amenaza por defender mi territorio. Soy fundador de este proceso, dice Caicedo.

Enfrentado con tanta violencia, ¿por qué decidió Puente Nayero conformarse como un Espacio Humanitario y resistir en una forma no-violenta? Viviendo con el temor insoportable y la zozobra total, los miembros de la comunidad tomaron la decisión después de dos acontecimientos que se dieron en su barrio. Un suceso fue el asesinato brutal de la vendedora de mariscos Marisol Rodríguez, quien fue asesinada en marzo del 2014 por protestar las desapariciones de su marido e hijo. Los paramilitares la llevaron hasta una casa de pique el nombre dado a las casas utilizadas para descuartizar las víctimas y empezaron a torturarla. Ensangrentada, escapó de sus victimarios y se cayó en el mar, dónde los hombres la perseguían y al final amarraron unas piedras a su cuerpo y la ahogaron. Este hecho fue seguido por el asesinato de Carlos Angarita, un joven de 16 años. Un día en abril del 2014 después de salir de su trabajo vendiendo el agua de coco, Angarita fue desmembrado por los paramilitares. Los miembros de la comunidad descubrieron su cuerpo menos de 40 metros de Puente Nayero la mañana siguiente.

Presenciando tanto derramamiento de sangre cerca de sus hogares, los miembros de la comunidad tomaron la decisión crear el Espacio Humanitario el abril del año pasado. Formaron una coordinación de líderes y lideresas y solicitaron el acompañamiento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, una ONG colombiana que documenta y defiende los derechos humanos. Adicionalmente, llegaron a ser la primera comunidad urbana que se ha vinculado con CONPAZ, una red de 120 comunidades en Colombia que se esfuerza por defender sus derechos territoriales, culturales y humanos de los varios grupos armados en el país. Comprometidos con una práctica de no-violencia y apoyados por la presencia de los observadores de paz nacionales e internacionales, los habitantes de Puente Nayero lograron sacar a los paramilitares de su calle, un proceso cargado con amenazas constantes de muerte durante este año pasado.

El Espacio Humanitario se formó porque había mucha violencia y la comunidad se puso a reflexionar. No queríamos callarnos más, afirma un habitante mayor de la comunidad.

Aunque geográficamente el Espacio Humanitario sólo se compone una parte muy pequeña de Buenaventura, quizás el equivalente de dos cuadras, los miembros de la comunidad esperan que su iniciativa de la base siga creciendo y ampliando a las comunidades vecinas. De hecho, los habitantes de la calle vecina Punta Icaco recientemente han empezado a organizar para crear su propio Espacio Humanitario, constatando el crecimiento y éxito de tal iniciativa que procura construir seguridad sostenible y duradera en Buenaventura calle por calle, barrio por barrio.

La transformación corporativa

Los líderes y las lideresas de la comunidad argumentan que la presencia implacable de los grupos paramilitares indica un fenómeno más grande e insidioso: la transformación corporativa y turística de Buenaventura que depende de los actores violentos para impulsar los desplazamientos masivos y forzados de las comunidades afrocolombianas que viven en la zona de bajamar u otros lugares estratégicos, librando este territorio para la expansión del puerto y los proyectos del desarrollo, una estrategia tácitamente apoyada por el Estado colombiano que está ávido para estimular la inversión extranjera, el comercio y el turismo. Mientras la implementación de estos proyectos sigue adelante, la construcción de los hoteles lujosos, centros de negocio e infraestructura del puerto continuamente desaloja a las comunidades afro-descendientes, indicando la creciente desigualdad social e geográfica de la ciudad.

Actualmente el puerto de Buenaventura mueve más de 600.000 contenedores cada año, representando aproximadamente 60 por ciento de las importaciones y exportaciones colombianas. Varios proyectos de la expansión portuaria respaldados por el gobierno colombiano requieren el desplazamiento voluntario o involuntario de las comunidades en Buenaventura. Casi todos de estos proyectos van a beneficiar exclusivamente los estimados 12 dueños del negocio portuario, aumentando más la desigualdad en una ciudad que ya cuenta con una tasa de pobreza del 90 por ciento.

Mientras el gobierno colombiano sigue implementando las políticas económicas neoliberales, firmando varios acuerdos incluyendo el Tratado de Libre Comercio con EEUU, la Alianza Pacífica y otros tratados de libre comercio con la Union Europea, Israel y Corea del Sur, las comunidades han notado una presencia aumentada de los actores armados, especialmente los paramilitares, en los territorios estratégicos para la inversión extranjera. Varios casos de supuestas conexiones entre grupos paramilitares y empresas multinacionales han sido documentados en otras áreas de Colombia también, con unos ejemplos conocidos involucrando las empresas Chiquita Brands International, Coca-Cola y Nestlé.

En el caso de Puente Nayero, la construcción de un malecón turístico ha sido directamente responsable para el desplazamiento.

Es el [megaproyecto] Malecón Bahía de la Cruz que quiere sacar o exterminar a las comunidades que están aquí, más que todo en la zona de bajamar, afirma la lideresa Nhora Isabel Castillo. Desde que empezaron a planear el malecón, hemos visto violencia en Buenaventura como nunca antes. . . Por eso creemos que hay una conexión entre la violencia y los proyectos.

Castillo añade que la reubicación propuesta de las familias de Puente Nayero hasta el barrio continental de San Antonio resultará en un exterminio total cultural y económicamente porque la comunidad reubicada no tendrá el acceso al mar y el 60 por ciento de las familias afrocolombianas en Puente Nayero, incluyendo la familia de Miguel Caicedo, se sostienen de la pesca artesanal.

Sin este proceso [el Espacio Humanitario], nuestra calle sería abandonada por la violencia, dice Caicedo, valorando su esperanza que la organización enseguida ayudará a que su comunidad se defienda rechazando el control paramilitar y la transformación corporativa que ése significa.

*El nombre ha sido cambiado por tema de seguridad de la persona.

The future of our Colombia Program depends on your financial support. Become a Patron and help sustain our work on the ground.

WFP Solidarity Collective

P.O. Box 6078

Minneapolis, MN  55406