Congresistas de los EEUU se reunieron con organizaciones de base social de El Salvador y Guatemala

Por Julián Arturo


El pasado 20, 24, 25 y 26 de marzo de 2022, Witness for Peace Solidarity Collective en colaboración con SOA Watch, CISPES, y otras organizaciones acercaron a los (as) congresistas Ilhan Omar, Cori Bush, Jamal Bowman y Jesús “Chuy” García con integrantes de la sociedad civil organizada de El Salvador y Guatemala y un grupo de congresistas guatemaltecas. El objetivo de la delegación era observar las causas estructurales que llevan al éxodo masivo de centroamericanos (as) al país del norte.


A continuación, presentamos un breve resumen de los encuentros ocurridos durante esos días:


Reunión con representantes de la sociedad civil de El Salvador

El 20 de marzo, los (as) congresistas se reunieron con varios (as) representantes de la sociedad civil organizada de El Salvador, entre las cuales, destacaron organizaciones estudiantiles, plataformas de movimientos populares, organizaciones a favor de la libertad de los presos políticos, asociaciones de discapacitados, asociaciones de la juventud, sindicalistas y organizaciones en contra de proyectos mineros y mega energéticos.


Durante la reunión, los representantes de la sociedad civil organizada expusieron el contexto sociopolítico en el que se encuentra el país, destacando lo siguiente:

“Observamos que en el país ha habido un retroceso de los acuerdos de paz. Esto se evidencia con el toque político que han adquirido las FFMM desde la toma del 9 de febrero de 2020 al congreso de la república.
Por otra parte, también se han destituido a los magistrados de la CSJ y el fiscal de la república, concentrando el poder desde el ejecutivo, para gobernar con los suyos.
Se han promulgado leyes que reprimen la libertad de expresión (Cerrando 3 radios comunitarias y limitando el acceso al país de periodistas extranjeros) y limitan la intervención de agentes extranjero (aumentando al 40% el impuesto a sociedades civiles, limitando la entrada de proyectos sociales).
Se avizora una persecución política a funcionarios públicos, quienes son despedidos arbitrariamente del gobierno por no ser afines. Inclusive, a la fecha, 12 personas del partido político FMNL están bajo prisión. Siendo éste, el único partido político que tiene presos en el país, a quienes tampoco se les ha respetado el debido proceso”.

Del mismo modo, el grupo pidió a los (as) congresistas monitorear y abogar por el cambio de dinámicas en los siguientes escenarios:

  • Visibilizar ante el congreso de los Estados Unidos las violaciones de DDHH que se han mencionado.

  • Denunciar la situación actual de El Salvador ante las Naciones Unidas.

  • Limitar los préstamos para El Salvador por parte de organismos multilaterales como el BID, FMI y BM.

  • Monitorear el apoyo económico que EE.UU. otorga para el fortalecimiento institucional de la fiscalía en El Salvador, ya que esa institución no está actuando en el marco de la legislación por el respeto a los DDHH y transparencia, toda vez que se archivaron los 17 casos que se tenían en curso, investigando al presidente Bukele.

  • Las ayudas que provengan de los EE.UU. deben ser para garantizar los DDHH y la dignidad de las personas, no se deben girar cheques en blanco al gobierno de El Salvador.

  • No financiar el entrenamiento militar a las FF.AA. del país, ya que no se respetan las garantías mínimas de DD.HH. en el país.

Reunión grupo de mujeres congresistas de Guatemala


El 24 de marzo la delegación se encontró en la Ciudad de Guatemala con un grupo de congresistas guatemaltecas integrado por Sandra Morán Reyes, Sonia Marina Gutierrez Raguay, Lucrecia Hernández Mack, Andrea Villagrán, Evelyn Morataya y Ligia Hernández Gómez.

Durante el encuentro, el grupo de congresistas pidió a sus pares estadounidenses un TPS para los inmigrantes de Guatemala, puesto que la economía nacional depende en un 14% del PIB de las remesas que envían los (as) guatemaltecos (as) que residen en EE.UU. a su país de origen.

Por su parte, el representante Jamal Bowman, aseguró que el plan Biden para combatir las causas de la emigración de Centroamérica busca privatizar los servicios como medida para resolver los problemas del éxodo, sin embargo, la línea progresista del congreso de los EE.UU. no está de acuerdo con esa perspectiva.

Además, puntualizaron que, las ayudas deberían concentrarse en fortalecer la política local, a través de organizaciones sociales en lugar de inyectarlas directamente a las instituciones del Estado.


Reunión con abogados de DDHH y Juez de Paz de Guatemala


Una vez finalizada la reunión con las congresistas guatemaltecas, los (as) congresistas estadounidenses fueron recibidos por Héctor Reyes del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Manuel Farfán de la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA), María Bolaj y Violeta Elías de la Asociación por la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Juez de Paz de Guatemala Pablo Xitumul.


La agenda de la reunión estuvo marcada principalmente por el enfoque de la Cooperación al Desarrollo de los EE.UU. y los casos judiciales de vulneración de DD.HH. emanados del conflicto armado.


En esta línea, el juez de Paz, Pablo Xitumul observó que USAID y el PNUD entregan dinero directamente al sistema judicial, sin embargo, eso sería algo a revisar, ya que el aparato judicial está cooptado por la corrupción e intereses de particulares. En ese sentido, compartió con la delegación que él fue destituido de su cargo esa misma semana por la envergadura de los casos que tenía a su cargo.


Así mismo, María Bolaj, observó que la cooperación americana está apostando más por el fortalecimiento de las instituciones, mientras tanto, la cooperación europea apuesta más por financiar organizaciones sociales, gracias a esto, AJR pudo apoyar la organización con el financiamiento de las investigaciones por el caso de Genocidio al Ministerio Público, de lo contrario, el caso no se hubiese resuelto a fondo por no tener el dinero suficiente para llevar a cabo una investigación exhaustiva.


Por último, se le pidió a los (as) congresistas abogar para que se apoye financieramente a La Fundación de Antropología Forense, para que ésta pueda seguir tomando muestras de ADN a aquellas personas que tienen familiares desaparecidos.


Finalizando, desde la oficina de política exterior de la congresista Omar, se propone presionar para que el departamento de Estado desclasifique documentos que puedan llevar a esclarecer los casos de investigación judicial en el marco del conflicto armado.


Reunión en el campamento de la resistencia La Puya


El 25 de marzo la delegación acudió al campamento de la Resistencia La Puya. En el lugar, fueron recibidos por miembros de la resistencia y el asesor legal que acompaña el caso de arbitraje, donde la empresa minera estadounidense Kappes Cassiday (KCA)- Mineras de Guatemala EXMIGUA demandan al Estado de Guatemala por daños y perjuicios ocasionados por el cierre de la mina de níquel en 2015.


De este modo, las bases contextualizaron a la delegación sobre el proceso que llevó a la resistencia, rememorando que el 2 de marzo de 2012 empezaron los intentos de desalojos y la represión policial e institucional.


Por su parte, el abogado de La Puya en el caso de arbitraje, Edgar Pérez, aseveró que, en Guatemala defender el agua es un delito. En este sentido, la criminalización se entiende como la manipulación del sistema para impedir que las resistencias se expresen. Además, sentenció que, “de oro y níquel no vive el ser humano”.