Familias indígenas en situación de desplazamiento forzado en Bogotá siguen reclamando por una respuesta integral del Estado
Por Jessica Garcia
“Nos quieren desalojar como animales, pero no tenemos adonde ir, no puedo irme al territorio”, afirma una lideresa social que se encuentra en este momento entre las personas que se alojan en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, en Bogotá. Los pueblos indígenas siguen resistiendo, frente a un Estado que parece no avergonzarse de sus políticas de olvido e indiferencia ante la crítica situación humanitaria en la que se encuentran alrededor de unas 1,300 personas, en su mayoría mujeres y niñxs, provenientes de diferentes pueblos originarios de Colombia y que hace 10 meses se encuentran alojados en la UPI La Rioja en condiciones de hacinamiento, después de haber sido trasladadxs a estos espacios de forma temporal en mayo de 2022 y con el compromiso de recibir una atención humanitaria integral mientras estuviesen allí.
Un año y medio de resistencia ante la indiferencia constante
Hace casi un año y medio, el 29 de septiembre de 2021, más de 1,000 personas provenientes de diversos pueblos indígenas en Bogotá (Muisca Gue Gata Thizhinzuqa, Tullpa Yanacona, Embera Katio, Embera Dobida, Kokonuko, Nasa, Cumbaltar Pasto, Uitoto Monifue + Uruk, Kubeo, Koreguaje, Wuayuú Bakatá, Zenu, Pijao Mohan y Esperara Siapidara) llegaron al Parque Nacional, en el marco de una marcha que había durado todo el día, en protesta ante la falta de respuesta del gobierno local y nacional frente a la situación humanitaria en la que se encontraban estas personas en diferentes puntos de la ciudad.
En un primer momento, decidieron parar en el parque para descansar, pero la respuesta inmediata que recibieron del Estado fue la represión. Entonces decidieron quedarse y declararse en Minga permanente hasta tanto se estableciera una mesa de diálogo con el Gobierno distrital. Sin embargo, fue necesario que estuviesen ocho meses allí para que los Gobiernos, tanto del Distrito como el Nacional, decidieran sentarse a escuchar a las comunidades.
Durante esos ocho meses, la única respuesta del Estado fue la represión y el señalamiento constante. Eso tuvo consecuencia que alrededor de 1500 personas viviesen todo ese tiempo en condiciones de indignidad ante la falta de asistencia humanitaria por parte del Estado y la falta de propuestas concretas que permitiesen dar resolución a los reclamos de las familias allí presentes.
En mayo de 2022, luego del reclamo constante y la muerte de varixs niñxs como consecuencia de las condiciones de vida en la que se encontraban, se establece una mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Distrital y Autoridades Indígenas en Bakatá, a través de la cual se llega a un acuerdo en el cual se establece: a) retorno a sus territorios con garantías para las familias que decidieron regresar; b) alojamiento temporal en condiciones dignas, garantizando: alimentación, escolarización, transporte, asistencia sanitaria y atención a la primera infancia; c) apoyo a un proceso de organización con acompañamiento psicosocial para aquellas familias que decidan permanecer en Bogotá; d) salida de las familias provenientes de los 15 pueblos indígenas del Parque Nacional.
Inmediatamente después de la firma de este acuerdo, las familias que estaban en el Parque abandonan ese espacio voluntariamente y aceptan el alojamiento ofrecido por el Gobierno Distrital, y más de 1,000 personas se trasladan a la UPI La Rioja. Sin embargo, según lo acordado se trataba de un alojamiento temporal hasta tanto se organizase el retorno voluntario en condiciones de seguridad de quienes decidiesen retornar a sus territorios y la reubicación de quienes decidiesen permanecer en Bogotá.
La situación hoy: el incumplimiento de los compromisos asumidos continúa
Casi un año después, las familias siguen alojadas en los mismos espacios sin ningún tipo de respuesta integral por parte del Estado. En octubre pasado, representantes de Autoridades Indígenas en Bakatá fueron recibidas por el presidente de la Nación, pero aún así no han tenido respuesta a sus reclamos. Lideresas de Autoridades Indígenas en Bakatá han denunciado que hay niñxs con desnutrición y que hay días que “a veces aguantan mucha hambre”, pues tampoco pueden salir a trabajar para poder conseguir recursos para alimentar a sus hijxs.
Hoy las comunidades siguen reclamando que se les escuche y se dé respuesta al Acuerdo asumido por el Estado en mayo de 2022. Eso significa que haya asistencia humanitaria para quienes se encuentran alojadxs en la UPI La Rioja y que el retorno a los territorios sea voluntario y en condiciones de seguridad para quienes decidan regresar, pero que haya un plan de reubicación para quienes no quieren retornar porque no hay condiciones para hacerlo.
Es necesario recordar que el retorno siempre debe ser voluntario y que, en consecuencia, no se puede forzar a las familias en situación de desplazamiento forzado a volver a un lugar en el que sienten que su vida está en riesgo, como sucede con la comunidad Embera que se encuentra en La Rioja.