No Es Delito





El Colectivo de Solidaridad de Acción Permanente por la Paz declara nuestra solidaridad con  los 9 miembros de la comunidad Tolupan, San Francisco Locomapa que están siendo procesados por defender su territorio ancestral. El 17 de mayo de 2019, Celso Alberto Cabrera, María Ángela Murillo, Ramón Matute, Sergio Ávila, Óscar Vieda, Óscar Amado Cabrera, Wendy Pineda López, Alisson Pineda López, y José María Pineda fueron acusados por la obstaculización del “plan de manejo” que ha permitido el saqueo agresivo de madera en el bosque de pino en su territorio.  Este proyecto está supervisado por el Instituto de Conservación de Bosques (ICF), que emana asistencia directa a la impresa, INMARE.


Miembros de la comunidad están siendo acusados por INMARE y el Ministerio Público por el delito de obstaculización con daños al interés público.   Denunciamos la criminalización dirigida a estos defensores y defensoras de la tierra y la naturaleza por parte del estado hondureño, así como la participación en el extractivismo,  despojo del pueblo indígena, y la criminalización por parte de empresas privadas. Reconocemos que los procesos legales son una táctica para silenciar a los luchadores y luchadoras y reafirmamos que el acto de defender el ambiente no es un delito.  


Como observadores de derechos humanos, hemos visto un patrón de violaciones contra los derechos de la comunidad de San Francisco de Locomapa. Esta comunidad ha sufrido una marginación constante y discriminación por parte del estado, lo que ha resultado en pobreza extrema, represión violenta y temor. Desde 2013, 38 personas, sus familias, así como cualquier persona de la comunidad que participa en el Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia, han recibido medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a su nivel elevado de riesgo. Según la CIDH, así como el propio Mecanismo de Protección del gobierno hondureño, se suponía que las nueve personas acusadas debían haber recibido un conjunto de medidas de protección especial debido a su condición de defensores de los derechos humanos y de la tierra.


Sin embargo, el estado está convenientemente ausente cuando la comunidad necesita protección, pero está disponible para reprimirlos y criminalizarlos. A pesar de su estatus especial, la única vez que la policía respondió a los pedidos de ayuda de los miembros de la comunidad a quienes se les otorgó medidas cautelares, la policía les lanzó gases lacrimógenos a sus hogares, incluida una casa con un niño de 15 días de nacido. El 25 de febrero de 2019, el padre y el hermano de Ramón Matute, Salomon y Samael Matute, fueron asesinados. Los funcionarios del gobierno han declarado abiertamente ante la comunidad, los observadores del Colectivo Solidaridad de APP y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no ha habido avances en la investigación a pesar de la abundancia de testigos del asesinato en la comunidad.


En el transcurso de múltiples visitas de APP a la comunidad entre febrero y junio del año 2018, el ritmo de la deforestación fue notable y alarmante. En la visita de una delegación de observadores en abril 2019 los participantes sufrieron dolores de cabeza y tos a causa del humo que rodeaba a la comunidad debido a la quema de árboles, y observamos que la ICF y la Policía Nacional escoltaban camiones cargados de madera, mientras se permitía que los incendios ardieran. Los miembros de la comunidad describieron que sufren diversos problemas respiratorios, además de los dramáticos cambios que todos pudimos presenciar fácilmente en la salud y el bosque.


Desafortunadamente, en Honduras, las personas que defienden la tierra, la naturaleza y los derechos humanos se enfrentan a la criminalización.  Quienes se oponen al modelo extractivista sufren difamación, cargos criminales, violencia y muerte. Este patrón de violencia se ha profundizado a medida que el extractivismo se ha fortalecido en los diez años posteriores del golpe de Estado y especialmente bajo la administración actual de Juan Orlando Hernández.


El modelo extractivista y la supresión de la resistencia al mismo se hacen posibles con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Como proponente del extractivismo, los Estados Unidos mantienen un interés personal en Honduras, brindando financiamiento y entrenamiento a las fuerzas de seguridad que utilizan la violencia contra las comunidades para asegurar que estos proyectos fructifiquen. San Francisco de Locomapa enfrenta las consecuencias de estas políticas, pero se ve agravada por el legado de racismo hacia los pueblos indígenas en Honduras, cuyos derechos siguen siendo vulnerados.


Más de 100 líderes Tolupanes han sido asesinados en los últimos veinte años de resistencia activa al extractivismo. Desde 2013, 8 líderes de San Francisco de Locomapa han sido asesinados, y todos estos asesinatos permanecen en la impunidad. Reconocemos el mismo patrón identificado por el Movimiento Amplio: “Primero les saquean el territorio, después les criminalizan y al no poder contra ellos y ellas, les asesinan.”


Afirmamos que estos nueve líderes indígenas no cometieron ningún delito; defender la tierra

no es un crimen. La comunidad posee un título ancestral sobre la tierra, documentado desde 1864, que confirma sus derechos al territorio, la tierra, los recursos naturales y las consultas para obtener el consentimiento previo. No se realizó una consulta justa, antes de la implementación de este plan de manejo. Honduras ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 169), que requiere el consentimiento libre, previo e informado antes de que se inicie cualquier proyecto en territorio indígena, lo que significa que debe haber un proceso abierto y autodirigido que no esté obligado ni manipulado por fuerzas externas para permitir que la comunidad indígena decida si están de acuerdo o no con un proyecto. Sin embargo, la compañía, asistida por el ICF, continuó con su plan, ingresando ilegalmente en su territorio. La comunidad presentó numerosas denuncias ante el Ministerio Público, pero no recibió ninguna respuesta. Al bloquear pacíficamente el paso de los camiones madereros, los defensores simplemente manifestaron su derecho como pueblo indígena a protestar cuando se viola su derecho de consentimiento previo.


Nosotros, el Colectivo de Solidaridad de APP, brindamos nuestro pleno apoyo a estos defensores del medio ambiente acusados ​​injustamente. Queremos reiterar las siguientes demandas:

1.La inocencia de estos nueve líderes indígenas será reconocida a través de sobreseimiento definitivo.

2. El Estado de Honduras respeta y garantiza el derecho a consultas previas, libres e informadas establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y otras normas internacionales.

3. La Dirección General del Mecanismo de Protección en Honduras, a cargo de Cristóbal Martínez, cumple con su promesa incumplida de convocar una reunión interinstitucional para discutir la situación de los derechos humanos y el plan de manejo forestal en la comunidad de Tolupán de San Francisco de Locomapa. El organismo que debe proteger los derechos humanos, prometió programar esta reunión a principios de mayo de 2019, pero no se ha tomado ninguna medida.

4. Cese a la violencia y la discriminación contra la tribu Tolupán de San Francisco de Locomapa e investigar y castigar a quienes hayan violado sus derechos humanos.

5. Reconocimiento del título ancestral de 1864 a favor de los indígenas del pueblo tolupán.

6.Juicio y castigo para los autores materiales e intelectuales de los asesinatos contra el pueblo Tolupán.


Nuestro Equipo Internacional de Honduras estará observando este proceso y brindará acompañamiento físico. Sin embargo, queremos aumentar la visibilidad para aumentar la conciencia sobre la injusticia que está ocurriendo en Honduras y cómo estamos conectados, como ciudadanos estadounidenses.


Acciones de solidaridad que puedes tomar

1.¡Hay algo que puedes hacer! Estamos pidiendo fotos para mostrar solidaridad internacional con esta comunidad. Tome una fotografía de usted mismo, sus amigos, sus colegas, sus compañeros de clase y quien pueda, sosteniendo carteles que dicen "#NoEsDelito" y "Solidaridad con la comunidad Tolupán" que se publicarán y compartirán para su fecha de corte el próximo lunes 24 de junio. Utilice el hashtag #NoEsdelito y #DignidadTolupan y etiquete @MovAmpliohn y @wfpsolidaritycollective y comparta sus fotos públicamente en Facebook, Instagram, y Twitter. ¡Únete a nosotros para apoyar a esta comunidad!

2. Una vez que haya tomado y compartido sus fotos de solidaridad, apoye la Ley Berta Cáceres (HR 1945). La Ley trabaja para detener el problema sistémico a largo plazo de la ayuda militar de los Estados Unidos que se utiliza para financiar abusos contra los derechos humanos en Honduras, como el gas lacrimógeno suministrado por los Estados Unidos que se usó contra esta misma comunidad. Pídale a su representante que firme esta importante legislación.




WFP Solidarity Collective

P.O. Box 6078

Minneapolis, MN  55406