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La Paz Que Nunca Fue: El Caso de Cauca, Colombia

Updated: Jul 22, 2022


Cordillera Central Colombiana

por Bárbara Orozco Díaz

El departamento del Cauca, en la región del Pacífico Colombiano, ha comenzado el año 2022 con una oleada de violencia que ha dejado en los 4 primeros meses del año 9 líderxs asesinadxs, 5 masacres con 17 víctimas, 17 secuestros, 4 desplazamientos forzados masivos, 4 accidentes por mina antipersonal y constantes amenazas en contra de comunidades, líderes sociales y defensores de DDHH por medio de panfletos y llamadas telefónicas.


El Cauca ha sido históricamente uno de los departamentos más afectados por los enfrentamientos entre distintos grupos armados que luchan por el control y dominio del territorio. Su ubicación geográfica en la cordillera central, la conexión con el Pacífico y la cercanía a las ciudades de Cali y Buenaventura (principal puerto marítimo sobre el Pacífico) permite a los actores ilegales establecer zonas de tránsito, ubicación estratégica de cultivos de uso ilícito y establecer mecanismos de control social.


Breve Reseña Histórica


En los años 60 del s. XX, las primeras manifestaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) en la región se presentaron en la cordillera central en puntos estratégicos que conectaban el Norte del Cauca con el Sur del Valle del Cauca y Tolima, lugares donde nacen cuatro núcleos de lo que luego serían los primeros frentes de las FARC-EP.


A comienzos de la década de los 90, las FARC-EP habían logrado consolidar su presencia en las zonas altas de la cordillera central, en los municipios de Miranda, Corinto y Toribío (denominado el ‘Triángulo de la Marihuana’). A finales de esta década (90s), la violencia en la región se recrudece en el marco del Plan Colombia y los intentos del Estado por recuperar el control territorial sobre las áreas estratégicas que comunicaban el interior del país con el Océano Pacífico.


Así, la expansión de los grupos paramilitares, las ofensivas de los grupos guerrilleros, la disputa del Ejército por el control del territorio y el fortalecimiento armado de los narcotraficantes generó un incremento de acciones violentas sin precedentes para Colombia y para el Suroccidente Colombiano.


Acuerdo de Paz de 2016


El Cauca no sólo es un departamento triétnico y rural sino también está repartido poblacional y territorialmente a partes iguales entre campesinos (28%), afrocolombianos (26%), indígenas (24%) y mestizos urbanos (22%).


Ocupa, al lado del Chocó y La Guajira, los primeros lugares en pobreza, desigualdad, necesidades básicas insatisfechas e indicadores de violencia, pero también en organización social y capacidad de resistencia a los impactos de la guerra y formas de exclusión y discriminación.


El Acuerdo de Paz de 2016 no sólo establece el fin del conflicto entre las extintas FARC-EP y el Estado sino que establece una serie de medidas y transformaciones para sentar las bases de una paz estable y duradera en el país. El acceso a la tierra (Punto 1) y la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito (Punto 4) establecen una transformación del campo y un abordaje del problema de las drogas ilícitas que pretende revertir los efectos del conflicto armado y el desarrollo rural necesario para romper las brechas entre el campo y la ciudad.


Uno de los pilares fundamentales incluídos en el Punto 1 son los Programas Especiales de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que se establecen para reconstruir las regiones más afectadas por el conflicto armado coordinando grandes intervenciones el Estado para trabajar de la mano con las comunidades. De los 16 PDET establecidos en el país, el más grande está conformado en el departamento del Cauca, es el denominado PDET Alto Patía-Norte del Cauca.


Conflicto Armado tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016


Tras el fin de 52 años de conflicto armado entre las extintas FARC-EP y el Estado, con la firma del Acuerdo de Paz de 2016 se vivió un periodo de relativa paz que duró aproximadamente año y medio. Sin embargo, a partir del año 2018, se hizo cada vez más evidente la reconfiguración de grupos armados en disputa por el control de las zonas dejadas por aquellas y agravando el conflicto armado año tras año desde entonces, siendo el Cauca, uno de los departamentos más afectados.


Además de la presencia de nuevos grupos armados en disputa por el control territorial y vinculados en su mayoría al narcotráfico, esta reconfiguración puede explicarse por la ineficacia de la ‘nueva institucionalidad’ para la paz que no ha permitido cambios estructurales en los territorios y la falta de implementación de los Puntos 1 y 4 del Acuerdo de Paz de 2016.


Según la organización INDEPAZ, se estima que en la actualidad, hay al menos, 8 grupos armados disputándose el control del territorio entre los que se encuentran el Comando Coordinador de Occidente, Comando Conjunto Occidental Segunda Marquetalia y Ejército de Liberación Nacional (ELN). A través de panfletos, ejercen su control los grupos paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Águilas Negras.


En lugar de inversión social e implementación del Acuerdo de Paz de 2016, la respuesta del Estado fue la militarización del departamento añadiendo así una actor armado más al conflicto y convirtiendo al Cauca en una de las regiones más militarizadas del país.


Estados Unidos y la Militarización en Colombia


Estados Unidos desempeña un papel fundamental en la financiación y el entrenamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en Colombia. Colombia, a su vez, se ha convertido en los últimos años en un proveedor de instrucción militar en otros países, especialmente en Centroamérica.


Desde 1999, el Plan Colombia se ha implementado y ampliado bajo los presidentes Clinton, Obama y Trump, con un coste que supera los 10.000 millones de dólares. Aunque el Plan afirma que su propósito principal es luchar contra el narcotráfico como parte de la Guerra contra las Drogas, así como apoyar el fin del conflicto interno del país, ambos desafíos para la paz en Colombia se han intensificado durante su ejecución. Antes de la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, el "Plan Paz" se estableció entonces como otra política de Guerra contra las Drogas de Estados Unidos en Colombia.


Colombia es uno de los países que más ayuda militar recibe de EE.UU., es uno de los principales compradores de armas estadounidenses y mantiene uno de los acuerdos militares y de inteligencia más antiguos con EE.UU. En la actualidad, un promedio de 500 miembros de la Fuerza Pública colombiana reciben cada año entrenamiento en el Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad - WHINSEC - (hasta 2001 se llamaba Escuela de las Américas - SOA -), en Fort Benning, EE.UU., o en la propia Colombia, donde viajan instructores militares estadounidenses. El presupuesto de defensa de 2022 aprobado por la Administración Biden para Colombia supone un incremento del 8% respecto al año anterior, totalizando 453 millones de dólares.


Las comunidades negras, indígenas, campesinas y mestizas que conviven en el Cauca, resisten a la reconfiguración de grupos armados, la militarización del departamento, el agravamiento del conflicto armado y la no implementación de los Acuerdos de Paz de 2016, sufriendo innumerables violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario registrando desde 2016 hasta la actualidad: 299 líderes y lideresas asesinados; 33 masacres con 116 víctimas (de 2020 a 2022); 57 firmantes asesinadxs y constantes amenazas y hostigamientos.


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